El Gobierno de Nicaragua ha reiterado que es imprescindible que los países del norte global asuman sus obligaciones históricas. Esto debe realizarse a través de mecanismos de justicia climática y financiera, que deben apoyar a las naciones más vulnerables a los efectos del cambio climático, como es el caso de los países de América Latina y el Caribe.
En representación de América Latina y El Caribe, una delegación participa del 27 al 30 de octubre en la 43.ª Reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima, que se desarrolla en Songdo, Incheon, República de Corea.
La actividad tiene como objetivo proporcionar financiamiento y cooperación técnica a los países en desarrollo para enfrentar el cambio climático, teniendo en cuenta los compromisos de la Convención Marco de Naciones sobre Cambio Climático (CMNUCC).
Las demandas de Nicaragua
El Gobierno de Nicaragua demandó este martes a los países del norte global asumir sus «obligaciones históricas» y adoptar políticas de reparación de daños, principalmente para los países más vulnerables a la crisis climática, durante la 43.ª Reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima.
En su mensaje, leído por el ministro de Ambiente y Recursos Naturales de Nicaragua, Javier Gutiérrez, el Ejecutivo dirigido por los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, señaló que ahora «lo que tenemos es una locura climática, donde se hace imprescindible que los países del norte global asuman sus obligaciones históricas».
Estas «obligaciones históricas» pueden cumplirse «a través de mecanismos de justicia climática y financiera en beneficio de los países más afectados, como es el caso de América Latina y el Caribe», planteó el funcionario nicaragüense. Nicaragua ha argumentado que no es un país causante del cambio climático, ya que solo emite un 0,05% del total de los gases de efecto invernadero, mientras que sufre las consecuencias de los fenómenos climáticos.
Durante la reunión del Fondo Verde del Clima, que se realiza en Corea del Sur, se prevé proporcionar financiamiento y cooperación técnica a los países en desarrollo para enfrentar el cambio climático, considerando los compromisos de la CMNUCC.
43.ª Reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima
En marzo de 2024, el Fondo Verde, dependiente de las Naciones Unidas, canceló un desembolso de 64,1 millones de dólares para el proyecto de bioclima, que había aprobado a Nicaragua, debido al incumplimiento de las políticas y procedimientos sobre salvaguardias ambientales y sociales de ese país. La decisión fue tomada por la secretaría del Fondo Verde tras un exhaustivo proceso de investigación y evaluación que abordó los casos de incumplimientos que violaron los acuerdos legales.
El Fondo Verde, establecido por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 2010, se configura como uno de los principales mecanismos financieros para apoyar a los países en vías de desarrollo en la implementación de políticas frente al cambio climático. Este fondo había aprobado la propuesta de financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para el proyecto Bio-Clima.
Este proyecto contempla una acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en Bosawás y la biosfera de Río San Juan, en Nicaragua, por un monto total de 116,6 millones de dólares.
En junio de 2023, nueve organizaciones opositoras de Nicaragua en el exilio solicitaron a la Junta Directiva del Fondo Verde que no autorizara el desembolso millonario para el proyecto de bioclima aprobado a Nicaragua, argumentando que «al llegar a manos de la dictadura Ortega Murillo, serán utilizados para dar continuidad a las constantes violaciones de derechos humanos en los territorios indígenas de la Costa Caribe del país».
Nicaragua se ha quedado sin los más de 64 millones de dólares que le correspondían del Fondo Verde de la ONU, debido al incumplimiento por parte de la nación de las políticas y procedimientos de salvaguarda social y ambiental.
Este Fondo Verde funciona desde 2010, estableciéndose como un mecanismo central para financiar las políticas ambientales de los países más vulnerables al cambio climático.
