La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este jueves que el Ministerio enviará a la Alta Inspección Médica al hospital de Torrejón para analizar todas las vías legales que permitan esclarecer si en este centro sanitario se han estado seleccionando a pacientes menos costosos con el fin de lograr mayor rentabilidad.
En una entrevista en TVE, García ha señalado que, con los datos disponibles hasta el momento, no puede asegurar a los vecinos de Torrejón que no hayan experimentado retrasos en sus operaciones por cuestiones de rentabilidad. Esta declaración se refiere a la información publicada por El País, que revela que el CEO del grupo que gestiona el hospital ha dado órdenes para aumentar las listas de espera y rechazar pacientes con tratamientos costosos.
Mónica García ha indicado que su actuación se desarrollará desde varios frentes, instando a la Alta Inspección del Ministerio a esclarecer la situación. Además, su grupo político en la Asamblea de Madrid, Más Madrid, estudiará las vías legales necesarias para abordar el problema.
La ministra ha criticado la connivencia entre el Grupo Ribera, que gestiona el hospital de Torrejón, y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, describiéndola como una forma de «corrupción institucional», donde los propósitos de la Consejería de Sanidad se desvían hacia intereses privados.
También ha instado a la Comunidad de Madrid a iniciar sus propias investigaciones, aunque no espera mucho de ellas, refiriéndose a experiencias pasadas. Mónica García recordó que su Ministerio ha estado trabajando en la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud para poner fin a estas prácticas. Esta situación refleja, en su opinión, el «modus operandi» de la gestión sanitaria en algunas comunidades autónomas.
En este contexto, García hizo hincapié en que cada año hay un «flujo incesante» de pacientes desde hospitales públicos a privados, acompañado de un considerable presupuesto. Citó que el presupuesto del grupo Ribera ha sido de 5.000 millones, mientras que el presupuesto anual de Sanidad de la Comunidad de Madrid asciende a 10.000 millones, y que el grupo Ribera fue rescatado con 30 millones.
La ministra criticó la falta de reconocimiento de errores por parte de la Consejera de Sanidad de Madrid, sugiriendo que ambos grupos sanitarios siguen un «modus operandi» que favorece la desviación de pacientes y recursos de la sanidad pública a la privada.
Refiriéndose al Hospital de Torrejón de Ardoz, considera que ha habido una selección de pacientes, que se conoce como «selección de riesgos», priorizando aquellos que presentan menos complicaciones y que son más rentables.
García subrayó que en hospitales privados no se realizan procedimientos complejos, como cirugías cardíacas o trasplantes, ya que esas especialidades están reservadas a la sanidad pública. Mencionó que un anteproyecto de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid había indicado que ciertos procedimientos menores en hospitales privados triplicaban su coste en comparación con los hospitales públicos.
Concluyó que este modelo de gestión en Madrid lleva años «sangrando» a la sanidad pública, señalando que, aunque han denunciado el problema durante mucho tiempo, no contaban con la prueba de los audios que han surgido recientemente, describiendo las instrucciones del CEO Pablo Gallart como «tan obscenas y descaradas». Sin embargo, enfatizó que el verdadero problema no es solo el CEO, sino el gobierno del PP y de la señora Ayuso.
La epidemia de gripe se ha adelantado y pide ponerse la mascarilla
En relación con la gripe, la ministra ha explicado que se aprobó un protocolo común que proporciona «certezas» a todas las comunidades autónomas sobre una epidemia que ocurre cada año en estas fechas. Reconoció que este año se ha presentado antes de lo habitual.
Mencionó que hace dos o tres semanas, las comunidades autónomas gobernadas por el PP se negaron a activar dicho protocolo, pero finalmente fue aprobado. En este momento, la curva de contagio está «creciendo», aunque aún no ha alcanzado los máximos de 400 casos por cada 100.000 habitantes del año pasado, situándose actualmente en 80 casos y mostrando una «subida bastante precipitada». Por esta razón, instó a poner en marcha las medidas necesarias para proteger a las personas vulnerables.
García espera que este año se logre «doblegar esa curva» y minimizar el impacto de la gripe, recordando que el año pasado se registraron 3.300 fallecidos por virus respiratorios y que es vital evitar el colapso en los hospitales. Subrayó la importancia de que los ciudadanos adopten medidas sencillas, como el uso de mascarillas al presentar síntomas gripales en lugares públicos para proteger a los demás.
