El Consejo de Ministros ha tomado una decisión importante al aprobar un acuerdo que modifica los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en virtud del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Esta medida tiene como objetivo facilitar que la Jefatura Central de Tráfico, un organismo autónomo dependiente del Ministerio del Interior, gestione los expedientes necesarios para la reparación de infraestructuras en carreteras que han sufrido daños debido a la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos).
Este organismo ha expresado la necesidad de tramitar dos expedientes de modificación de las prórrogas de contratos que son fundamentales para llevar a cabo estas reparaciones. A continuación, se detallan los contratos involucrados:
Detalles de los contratos
| Expediente | Importe (2026) |
| Modificación de la 1ª prórroga del contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación, adecuación y explotación de las instalaciones ITS de la DGT en las carreteras controladas y gestionadas desde los Centros de Gestión de la DGT. | 752.610,31 |
| Modificación de la 2ª prórroga del contrato de servicios, obras y suministros para la conservación, adecuación y explotación de la red de comunicaciones de fibra óptica de los sistemas ITS de la DGT. | 357.363,64 |
| TOTAL | 1.109.973,95 |
El importe total de estos gastos, que asciende a 1.109.973,95 euros, será financiado a través de la aplicación presupuestaria ‘Inversiones reales’, conforme al nivel de vinculación establecido y según lo dictado en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre.
Es importante señalar que la aplicación presupuestaria mencionada no cuenta con crédito inicial, lo que ha llevado a la solicitud de autorización al Consejo de Ministros para establecer límites en la adquisición de compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros para la anualidad 2026, cumpliendo así con lo estipulado en la Ley General Presupuestaria.
Esta iniciativa representa un paso significativo para garantizar que las infraestructuras dañadas puedan ser reparadas de manera eficiente y efectiva, asegurando la adecuada atención a las necesidades de tráfico y seguridad en las carreteras afectadas.
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