MADRID, 1 Oct. – Varias comunidades autónomas del Partido Popular (PP) han acusado este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez de generar «inseguridad jurídica» con sus recientes medidas de vivienda. Estos decretos, que serán sometidos a convalidación este viernes en el Pleno del Congreso, han abierto la posibilidad de recursos legales por parte de las autonomías si finalmente se aprueba el llamado ‘decreto Maricarmen’.
La Comunidad de Castilla y León, gobernada por Alfonso Fernández Mañueco, se ha manifestado de forma contundente. El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha expresado su intención de recurrir los decretos del Gobierno central, argumentando que invaden competencias autonómicas y perjudican los intereses de la región al generar «inseguridad jurídica». Este recurso se formalizará una vez se confirme la convalidación parlamentaria.
El ‘decreto Maricarmen’ propone extender hasta el año 2030 las protecciones contra desahucios, así como prorrogar los contratos de alquiler por dos años y dificultar las compras por parte de fondos especuladores. Sin embargo, hay incertidumbre sobre si se aprobará, ya que el segundo decreto, que trata sobre la prórroga automática de alquileres e indemnizaciones a inquilinos si el propietario decide rescindir el contrato sin justificación, carece de apoyos suficientes para avanzar en la Cámara Baja.
Actualmente, la atención se centra en Junts, el partido de Carles Puigdemont, que tiene programada una reunión para decidir su postura sobre el decreto. Su portavoz, Miriam Nogueras, ha expresado su desilusión y preocupación por las medidas, comprometida a analizarlas antes de tomar una decisión.
«INSEGURIDAD JURÍDICA»
Diversas comunidades del PP han coincidido en que los textos presentados por el Gobierno generan inseguridad jurídica. Por lo tanto, no descartan emprender acciones legales si el Pleno de la Cámara Baja aprueba los decretos.
Fuentes de otros Gobiernos autonómicos del PP han afirmado que permanecerán atentas a los resultados de la votación parlamentaria antes de tomar cualquier acción. Desde Génova, sede del PP, se ha autorizado a las comunidades a acudir a los tribunales en el ejercicio de sus competencias. Este jueves, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, y el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, mostraron su preocupación por una posible «ola de recursos» en los juzgados si se aprueban los decretos.
CONTRA LOS PROPIETARIOS
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha indicado que el Gobierno está «generando inseguridad» con sus decretos, que podrían no perdurar «ni horas». Además, ha criticado el uso electoralista que se está haciendo del asunto tras las movilizaciones populares.
Moreno ha calificado la política de vivienda de Pedro Sánchez como un «rotundo fracaso», acusando al Gobierno de atacar a las familias que alquilan viviendas tras haber ahorrado a lo largo de su vida.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha mostrado su descontento, enfatizando que se trata a 28 millones de propietarios como «sinvergüenzas». Ha pedido respeto por la «hucha de la clase media», recordando que más del 70% de los propietarios reside en su propia casa. Se pregunta por qué no pueden alquilerla o dejársela a sus hijos, y critica la existencia de un ministerio dedicado a la vivienda si el Gobierno «no tiene nada que ver» con este tema.
Por su parte, la presidenta de Baleares, Marga Prohens, ha advertido que responsabilizar a los propietarios de la vulnerabilidad de los inquilinos podría resultar en una disminución de la oferta de viviendas en alquiler, abogando por dar seguridad a los propietarios.
SIN DIÁLOGO CON LAS CCAA
Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, ha criticado al Gobierno de Sánchez por avanzar en los decretos de vivienda sin mantener un diálogo con las comunidades autónomas. Ha señalado que en España y Galicia la mayoría de los propietarios son pequeños, quienes ahora se encuentran «absolutamente desprotegidos» y cargados con las nuevas normativas.
Rueda ha abogado por un «modelo de Galicia» que priorice la construcción de nuevos inmuebles, en un intento de encontrar soluciones sostenibles para el mercado de la vivienda.
