El lunes 27 de octubre, el presidente y dos miembros del Comité de Asuntos Legales viajarán a Eslovenia para una misión de tres días destinada a analizar el éxito del país en la lucha contra el crimen ambiental. Eslovenia ha logrado reducir significativamente la dumping ilegal de residuos y la disposición en vertederos de residuos aptos para el reciclaje, lo cual ha disminuido considerablemente en los últimos años.
Los eurodiputados se reunirán con representantes del Ministerio de Justicia y del Ministerio del Medio Ambiente, Clima y Energía, así como con autoridades locales, para indagar sobre el proceso de transposición e implementación de la directiva europea sobre el crimen ambiental. Durante la visita, programarán una visita al Centro Regional de Gestión de Residuos de Ljubljana (RCERO) para conocer sus procesos y discutirán sobre NoviKrog, un proyecto local enfocado en la contratación pública circular, con representantes del municipio de Novo Mesto. Concluirán su visita dialogando sobre la gestión de residuos con las organizaciones de la sociedad civil activas en el ámbito.
Declaración del presidente del Comité
Antes de la visita, el presidente del Comité de Asuntos Legales, Ilhan Kyuchyuk (Renew, BG), expresó: “Los crímenes relacionados con los residuos se encuentran entre los delitos ambientales más rentables. Dada su ubicación geográfica, Eslovenia ha experimentado numerosos casos de envío ilegal de residuos. Queremos hablar con los representantes del gobierno y de la sociedad civil sobre cómo abordan este problema, pero también queremos examinar más de cerca las iniciativas regionales y locales destinadas a prevenir la creación de residuos. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, Eslovenia se ha convertido en uno de los países más exitosos de la UE en esta área en los últimos años.”
El señor Kyuchyuk estará acompañado por dos eurodiputados en esta misión:
- Mr. Adrián Vázquez Lázara (EPP, ES)
- Mr. Tobiasz Bocheński (ECR, PL)
Contexto de la Directiva sobre Crimen Ambiental
El Comité de Asuntos Legales desempeñó un papel fundamental en la adopción de la directiva sobre el crimen ambiental, que establece normas mínimas en todos los países de la UE para definir los delitos ambientales y aplicar sanciones, incluidas penas de prisión, para combatir la criminalidad ambiental. Los países de la UE tienen hasta mayo de 2026 para transponer estas nuevas reglas a su legislación nacional. El crimen ambiental es la cuarta actividad criminal más grande del mundo y constituye una de las principales fuentes de ingresos para la delincuencia organizada, junto con el tráfico de drogas, armas y personas.
