Quito (EFE) – Más de 13.600.000 personas están convocadas este domingo a las urnas para votar ‘Sí’ o ‘No’ a las cuatro preguntas del referéndum impulsado por el presidente Daniel Noboa. Este referéndum busca definir si Ecuador convoca una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución, si se autoriza nuevamente la presencia de bases militares extranjeras, se reduce el número de asambleístas y se elimina la financiación pública de los partidos políticos.
El oficialismo se ha lanzado a apoyar e incentivar el ‘Sí’ para las cuatro preguntas, mientras que tanto el correísmo como el movimiento indígena promueven el ‘No’, especialmente después de las protestas acontecidas hace unas semanas, donde no lograron que Noboa cediese en la eliminación del subsidio al diésel.
Asamblea Constituyente
Noboa aspira a reemplazar la actual Constitución ecuatoriana, aprobada en 2008 a iniciativa del Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017). Esta Constitución establece una estructura estatal y una prevalencia del Estado en sectores económicos estratégicos, frente a la cual el actual gobernante se ha manifestado en contra.
El mandatario, que fue reelegido en el cargo hasta 2029 hace apenas seis meses, había anticipado durante la campaña electoral su intención de ir a una Constituyente, pero no tomó este paso hasta ver que sus polémicas reformas tramitadas en la Asamblea Nacional fueron anuladas por la Corte Constitucional.
Las principales motivaciones del mandatario para cambiar la Constitución son que, según ha expuesto en varias ocasiones, la actual Carta Magna es laxa con los criminales, al considerar a los presos como grupos vulnerables. Además, busca establecer un nuevo marco que favorezca la inversión privada extranjera, así como implementar reformas laboral y judicial.
En caso de ganar el ‘Sí’, los ecuatorianos deberán nuevamente acudir a las urnas para elegir a los integrantes de la Constituyente y, posteriormente, en una tercera ocasión, para aprobar o rechazar el texto constitucional aprobado por la Asamblea.
Presencia de bases militares extranjeras
La segunda cuestión pregunta a los ecuatorianos si desean eliminar la prohibición presente en la actual Constitución de instalar bases militares extranjeras en territorio nacional, ya sea en nuevas instalaciones militares o mediante la cesión de bases ya existentes, lo que ha despertado el interés de Estados Unidos.
Ecuador, que actualmente enfrenta una de las peores crisis de criminalidad y seguridad de su historia reciente, tiene a Estados Unidos como uno de sus principales aliados en la lucha contra el crimen organizado.
De hecho, la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, visitó la pasada semana la antigua base militar de Manta, que las fuerzas estadounidenses ocuparon entre 1999 y 2009. Su visita fue para evaluar, en caso de que los ecuatorianos opten por el ‘Sí’, la posibilidad de volver a este emplazamiento o a otros en la costa ecuatoriana, como Anconcito.
Reducción de asambleístas
La tercera cuestión consultará al electorado si está de acuerdo con reducir el número de asambleístas, que pasarían de 151 a 73. El Ejecutivo defiende que esta medida busca hacer más eficiente la labor del Parlamento.
La actual Asamblea Nacional está conformada por once formaciones políticas, aunque son el partido Acción Democrática Nacional (ADN, oficialista) y el movimiento correísta de Revolución Ciudadana (RC) los que la dominan. El Gobierno mantiene mayoría también en el Legislativo.
La propuesta es que el nuevo esquema de representación se componga de 10 asambleístas nacionales, un representante por cada provincia y uno adicional por cada 400.000 habitantes, conforme al último censo nacional.
Eliminar financiación pública a partidos
La cuarta pregunta propone, a iniciativa de Noboa, heredero de una de las mayores fortunas de Ecuador, eliminar la obligación de asignar recursos por parte de los Presupuestos Generales del Estado a las organizaciones políticas, tanto para su funcionamiento como para campañas electorales.
La propuesta pretende modificar el artículo 110 de la Constitución, que actualmente permite a los movimientos políticos recibir fondos del Estado. Con la reforma, las formaciones pasarían a financiarse únicamente con los aportes de sus afiliados y simpatizantes.
