Varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP) han trasladado su rechazo al anteproyecto de ley orgánica que contempla la condonación de parte de la deuda regional por parte del Estado. Los dirigentes ‘populares’ han adelantado que están dispuestos a dar la «batalla» tanto en el ámbito político como en el judicial para evitar que esta norma salga adelante, aunque algunos mandatarios no han precisado si esto implica que no se acogerán finalmente a la quita propuesta.
La iniciativa, que fue aprobada en el Consejo de Ministros, implica que el Estado asumiría 83.252 millones de euros de deuda autonómica a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y parte de su deuda bancaria, lo que representa cerca de una cuarta parte de la deuda total de régimen común de las comunidades autónomas.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido que la norma no causará «ningún agravio a ninguna parte del territorio» y tampoco ofrecerá «un beneficio» exclusivo a Cataluña. Montero tiene la esperanza de que, a pesar del rechazo que muestran hoy las comunidades ‘populares’, estas acabarán acogiendo la propuesta en el futuro.
Este plan surgió de las negociaciones entre el ERC y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez en otoño de 2023, donde se incluía la condonación de la deuda autonómica como parte del acuerdo, inicialmente dirigido a Cataluña pero que también se extendería al resto de comunidades.
A pesar de los intentos de Montero por desvincular la medida de un privilegio para Cataluña, muchas comunidades gobernadas por el PP han calificado el anteproyecto como una «operación política», una «cesión» a los partidos independentistas y un «negocio ruinoso» para sus ciudadanos. Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, ha reiterado que todos los presidentes autonómicos del partido no pedirán la condonación, incluso si esto podría beneficiarlos.
Reacciones de las comunidades autónomas
Regiones como Galicia o Canarias, donde el PP forma parte del Gobierno pero no ostenta la presidencia, han anunciado una «batalla» para impedir que la medida se lleve a cabo. Fernando Clavijo, presidente de Canarias, ha afirmado que abrirá «una batalla jurídica» y política contra el anteproyecto, al igual que Diego Calvo, Conselleiro de la Xunta de Galicia, quien se ha mostrado dispuesto a explorar «todas las medidas» necesarias.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha descalificado la condonación, argumentando que su Gobierno no hará «asumir» una quita de deuda que considera «una operación política» para que Sánchez duplica su poder. Además, Jorge Azcón, presidente de Aragón, ha criticado la norma al considerarla una «redistribución de la deuda de los catalanes entre todos los españoles», describiéndola como un «mal negocio» para su comunidad.
Marga Prohens, presidenta de Baleares, ha cuestionado la idea de que el ahorro resultante de la condonación pueda ser destinado a políticas sociales, argumentando que la medida no será respaldada por las Cortes Generales. A pesar de las críticas, algunos presidentes, como Gonzalo Capellán de La Rioja, han expresado su intención de cumplir con la quita, aunque consideran injusto el acuerdo.
Procedimiento de asunción de deuda
Montero también ha señalado que, tras la aprobación de la ley, existirá un plazo suficiente para que las comunidades que lo deseen se acojan a la condonación. El Gobierno deberá planificar la nueva deuda que asumirá, identificando el tipo de deudas y los plazos de devolución.
La decisión de trasladar la deuda al Estado será voluntaria, requiriendo diálogo y cooperación entre el Gobierno y las comunidades. Si una comunidad no tiene deuda del FLA, debe consentir para permitir que el Estado asuma su deuda mediante subrogación. Las comunidades con deuda del FLA verán esa deuda cancelada en orden de antigüedad, comenzando por los préstamos más antiguos hasta amortizar el de 2019.
La mayoría de las comunidades han accedido a los fondos del FLA, pero no todas han utilizado este instrumento para financiarse. Por tanto, la propuesta de condonación incluye tanto el endeudamiento que mantienen con el Estado a través del FLA, como parte de la deuda bancaria.
