Tokio (EFE).- La primera ley que busca prevenir casos de monopolio entre las grandes tecnológicas en Japón entró en vigor este jueves, forzando cambios en los servicios de los gigantes tecnológicos Apple y Google, como la apertura de sus tiendas digitales a la competencia.
La Ley de Competencia del Software Móvil (MSCA, en inglés) es el primer marco regulatorio que busca prevenir los monopolios en el ámbito de la tecnología antes de que se hayan producido en el archipiélago, siguiendo los pasos de legislaciones como la europea, y fue aprobada por el Parlamento japonés en junio de 2024.
Ante la entrada en vigor de estas normas, Apple anunció que ha abierto sus iPhone en Japón a «tiendas alternativas de aplicaciones», donde los desarrolladores podrán distribuir sus propias apps pagando comisiones del 5 % a la empresa estadounidense. No obstante, estas tiendas de aplicaciones alternativas deberán contar con la autorización de Apple.
Google defiende su cumplimiento previo
Paralelamente, Google también buscó adaptarse al nuevo marco legal nipón, realizando cambios en su sistema y funcionamiento. La compañía defendió en un comunicado que «ya cumple con muchos de los requisitos», como la posibilidad de utilizar tiendas de aplicaciones de terceros.
Ambas empresas establecieron «pantallas de elección» en sus dispositivos, lo que obligará al usuario a elegir de forma activa qué motor de búsqueda desea utilizar, además de permitir sistemas de facturación alternativos a Google o Apple Pay.
A pesar de estas aperturas, ambas compañías subrayaron que mantuvieron una colaboración estrecha con las autoridades japonesas para garantizar que estos cambios no ponen en riesgo la ciberseguridad ni la privacidad de los usuarios.
La Comisión de Comercio Justo de Japón (JFTC), encargada de la nueva legislación, busca corregir el oligopolio que mantienen las grandes compañías con el objetivo de reducir el poder de las plataformas en el suministro de servicios y abrir el ecosistema a nuevos competidores locales e internacionales.
El nuevo marco jurídico, que se toma como referencia de la Ley de Mercados Digitales (DMA, en sus siglas en inglés) de la Unión Europea, impide que los grandes operadores impongan prácticas injustas para tiendas de aplicaciones, sistemas de pago o motores de búsqueda de terceros que compitan directamente con los servicios de su propia plataforma.
Además, prohíbe a los grandes grupos, por ejemplo, dar prioridad a sus servicios en los resultados de búsqueda de Internet, o no ofrecer la opción a los usuarios de elegir un navegador predeterminado diferente al de la propia compañía.
