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El debate sobre la protección del lobo se intensifica en un contexto marcado por un cambio normativo, aprobado recientemente por el Congreso, que excluyó al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lesrpe) en las poblaciones al norte del Duero. Esta medida, introducida mediante una enmienda a la Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario, ha sido criticada por ecologistas, quienes denuncian una tramitación irregular y alertan que esta desprotección ha permitido la reactivación de matanzas como forma de gestión del lobo.
La recuperación del lobo (Canis lupus) como especie ha sido gradual y desigual. Aunque en algunas regiones las poblaciones han crecido, el último censo nacional (2021-2024) contabilizó 333 manadas, muy lejos de las aproximadamente 500 que, según expertos, serían necesarias para garantizar su viabilidad genética.
Postura de los ganaderos ante los ataques de los lobos
Para Luis Pérez Portilla, secretario general de UGAM-COAG (Unión de Ganaderos y Agricultores Montañeses), la salida del lobo del Lesrpe ha significado, en Cantabria, la recuperación de medidas de control poblacional, una decisión que el sector ganadero valora positivamente. «Se ha hecho justicia», sostiene, después de tres años sin controles, durante los cuales, según su opinión, «la población del lobo ha crecido» y los ataques al ganado «se han extendido por la mayoría de zonas de Cantabria».
Pérez Portilla ha afirmado que, pese al restablecimiento del control poblacional, el número de ataques del lobo al ganado continúa elevado.
«Sigue registrándose un número desmedido de ataques y, aunque estamos satisfechos por las extracciones, los tres años que ha durado el lobo en el Lesrpe han generado un fuerte aumento de la población, lo que actualmente hace que el número de extracciones, que es el método de gestión del lobo que se emplea, sea inferior a las necesidades del sector», indicó.
Por ello, de cara a 2026, ha solicitado un nuevo plan de gestión del lobo que contemple «un aumento del cupo de extracción» respecto a los autorizados, siempre «con criterios científicos, de zonificación y vinculados al número de ataques». Además, ha trasladado una demanda social para que ecologistas y sus simpatizantes «cesen el acoso» al sector primario, esencial para mantener vivo el medio rural: «Queremos convivir con el lobo, pero siempre con control poblacional para que la ganadería extensiva sea viable».
Críticas ecologistas al control letal del lobo
El portavoz de Ecologistas en Acción, Theo Oberhuber, califica 2025 de «año horribilis» para el lobo debido al aumento de controles letales y el retroceso en su protección legal.
Según Oberhuber, en Cantabria y Asturias se han abatido decenas de ejemplares, mientras que en Galicia los procedimientos previstos fueron paralizados tras la presentación de recursos. En La Rioja, existe un intento de declararlo como especie cinegética, por lo que «cualquier día comenzarán las matanzas». Oberhuber considera que estas actuaciones son «ilegales» y subraya que la eliminación del lobo del Lesrpe se llevó a cabo sin cumplir con los procedimientos que exige la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad.
Además, ha cuestionado la legalidad de las autorizaciones de control emitidas por algunas comunidades loberas y argumenta que, dado que el lobo se encuentra «en estado de conservación desfavorable», la Directiva Hábitats Europea no permite este tipo de actuaciones.
Los ecologistas mantienen abiertos recursos contra las administraciones autonómicas y confían en que los tribunales les den la razón, aunque Oberhuber advierte que el tiempo judicial podría permitir la muerte de «100 o 200 lobos», lo que tendría un impacto irreversible en la población. Ha destacado la relevancia ecológica del lobo como especie clave en el funcionamiento de los ecosistemas y su papel esencial en el control de poblaciones como el jabalí o el corzo: «Su desaparición puede agravar problemas sanitarios y ambientales».
Estado de conservación del lobo ibérico
El debate también se extiende al ámbito europeo. Hace meses, la Eurocámara aprobó la modificación del Convenio de Berna, que rebaja la calificación del lobo de «especie estrictamente protegida» a «protegida». Esta decisión permitirá a los Estados miembros contar con mayor margen para gestionar las poblaciones loberas y «mejorar la coexistencia con los seres humanos».
En la práctica, esta medida facilita la aplicación de controles poblacionales, incluida la caza, siempre que se mantenga un estado de conservación favorable. La decisión se plasmó en una directiva que los Estados miembros deberán transponer a su legislación nacional antes de enero de 2027, aunque «no todos los países contemplan abrir la veda del cánido».
Desde Bruselas se argumenta que en Europa hay más de 20.000 lobos y que la recuperación de la especie, tras haber estado al borde de la extinción, se ha traducido en un aumento de los conflictos con las actividades humanas, especialmente con la ganadería.
Los ambientalistas describen el año 2025 como «desastroso para la conservación del lobo», denunciando los controles letales como ilegales, según la legislación de la UE, dado el desfavorable estado de conservación de la especie. Destacan el papel ecológico clave del lobo y advierten que las batallas legales en curso podrían no evitar pérdidas significativas. En el debate también se percibe la reciente reducción del estatus de protección del lobo a nivel europeo, lo que otorga a los Estados miembros mayor flexibilidad en la gestión de la especie a nivel nacional.
