MADRID, 25 de septiembre de 2026 – La Delegación del Gobierno en Madrid ha anunciado la apertura de una investigación sobre la actuación policial registrada durante el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que fue desalojada de su vivienda en el distrito de Retiro, donde había residido durante 70 años.
Fuentes de la Delegación del Gobierno confirmaron que, durante la jornada del miércoles, se produjeron momentos de tensión, empujones y cargas policiales contra los concentrados que intentaban impedir el lanzamiento judicial.
La Delegación del Gobierno se desvinculó del dispositivo policial desplegado en la calle Alcalde Sainz de Baranda, asegurando que la Policía Nacional actuó en cumplimiento del mandato de la comisión judicial responsable de ejecutar el desahucio. Asimismo, la institución indicó que no había dado «ninguna instrucción» para bloquear la cobertura informativa y expresó su oposición al lanzamiento de Maricarmen.
Despliegue policial y enfrentamientos
El operativo policial contó con decenas de agentes y varios vehículos para establecer un perímetro de seguridad alrededor del inmueble. La comisión judicial llegó alrededor de las 9:30 horas y, en las horas posteriores, se produjeron enfrentamientos con las personas concentradas, quienes habían pasado la noche frente al edificio tratando de evitar el desalojo.
Los agentes comenzaron a retirar a las personas que permanecían sentadas ante el portal del inmueble y posteriormente accedieron al interior, donde aún se encontraban activistas del Sindicato de Inquilinas que acompañaban a Maricarmen. La operación culminó con la salida de la mujer en una camilla, atendida por los servicios sanitarios del Samur, y fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón.
Reacción social y protestas
El desahucio de Maricarmen provocó una concentracion masiva en Madrid, a la que, según los datos de la Delegación del Gobierno, asistieron cerca de 10.000 personas. La protesta concluyó con cargas policiales tras una sentada en el paseo de la Castellana.
Contexto del desahucio
Maricarmen había residido desde 1956 en la vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda. Su padre firmó el contrato de arrendamiento, el cual fue subrogado tras su fallecimiento, primero a su esposa y, posteriormente, a su hija. El litigio se inició en 2018, cuando la propiedad pasó a manos de nuevos propietarios. Inicialmente, Maricarmen obtuvo una resolución favorable que fue revocada luego de recorrer el proceso judicial.
