La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha aclarado en el Congreso que el día del apagón de 2025 existían mecanismos regulatorios «suficientes» para controlar la tensión del sistema, y que en ningún momento hubo un «vacío normativo». Fernández presentó estas conclusiones durante su comparecencia en la comisión de economía de la Cámara Baja, donde detalló varias actuaciones que la CNMC ha llevado a cabo en relación al cero energético del 28 de abril de 2025.
Detalles sobre el Procedimiento de Operación 7.4
Una de las cuestiones abordadas fue el Procedimiento de Operación 7.4, que regula en España el servicio complementario del control de tensión en la red de transporte de energía eléctrica, un procedimiento que no fue actualizado hasta un mes después del apagón. La máxima responsable de la CNMC aseveró que el sistema no estuvo «en ningún momento» en un vacío normativo y aseguró que había un procedimiento de operación vigente en materia de control de tensión, de obligado cumplimiento y conocido por todos los agentes y el operador del sistema.
Según Fernández, esto implica que el 28 de abril de 2025, los mecanismos regulatorios y técnicos disponibles «eran suficientes para gestionar adecuadamente el sistema».
Primer contacto en 2020
Fernández indicó que la CNMC ha estado trabajando en este procedimiento desde antes de recibir la propuesta de Red Eléctrica hasta su publicación, comenzando con un primer contacto en 2020. Además, destacó que el mercado energético ibérico actual «no se parece en nada» al de hace cinco años, e incluso al de hace dos o el que habrá dentro de un año, señalando que está en constante evolución, lo que requiere adaptar la regulación a esas realidades cambiantes.
La presidenta de la CNMC subrayó que esta adaptación «debe hacerse con garantías», siguiendo los procesos necesarios y contrastando las propuestas con el sector mediante consultas públicas y reuniones de trabajo, e incluso utilizando proyectos piloto o «sandbox» regulatorios cuando sea necesario. Fernández reafirmó que, a pesar de los cambios en el mercado, el sistema siempre dispone de los mecanismos necesarios para garantizar una gestión adecuada.
Origen «multifactorial» del incidente
Fernández también explicó que, a pesar de la apertura de varios expedientes sancionadores relacionados con el apagón, tanto a empresas eléctricas como al operador del sistema Red Eléctrica, el incidente tuvo un origen «multifactorial». «El incidente respondió a una serie de sucesos que desequilibraron progresivamente el sistema, culminando en el cero eléctrico por sobretensión», añadió Fernández, al detallar los pasos que ha seguido la CNMC en relación a dicho apagón.
La CNMC, dentro de sus competencias, inició varios expedientes informativos para analizar las circunstancias que provocaron el incidente y determinar los hechos relevantes desde la perspectiva de la normativa del sector eléctrico. Durante este análisis, se detectaron indicios de incumplimiento que afectaron al funcionamiento del sistema eléctrico y que podrían ser constitutivos de infracciones administrativas, lo que llevó a la apertura formal de expedientes sancionadores.
Más de 13 GB de información analizada
La presidenta del organismo enfatizó que el proceso requirió examinar más de 13 gigavatios (GB) de información y miles de folios de documentación, resaltando la «complejidad técnica» del incidente y el gran volumen de datos analizados. A partir de estos documentos, Fernández explicó que se abre una fase administrativa donde los interesados podrán formular alegaciones y proponer pruebas que consideren necesarias, aunque por la separación jurídica en el proceso no puede ofrecer más detalles.
Coste de la operación reforzada
Durante la comparecencia, varios grupos parlamentarios interrogaron a Cani Fernández sobre el sobrecoste en la factura eléctrica debido al sistema de operación reforzado activado por Red Eléctrica tras el apagón, que recurría a más fuentes de energía convencionales para aportar estabilidad. La presidenta coincidió en que el coste de este modo de operación es de unos 660 millones de euros, lo que representa algo más del 4% del coste total de la energía.
Aunque este coste ha impactado en la factura eléctrica, Fernández añadió que actualmente los precios de la energía son más bajos que en 2023. Para un operador en PVPC con un consumo aproximado de 300 kilovatios hora, el coste de la operación reforzada sería de unos 0,04 euros por día.
Optimismo con el acceso a la red
Por otro lado, la dirigente de la CNMC se mostró «optimista» respecto a ciertas medidas introducidas por un decreto para mitigar las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio, en lo que se refiere al acceso a las redes de transporte eléctricas. Concretamente, confía en el impacto positivo de la prestación por reserva de capacidad que deben abonar los consumidores con permisos de acceso y conexión de demanda.
Fernández explicó que esta prestación sustituye a una línea de avales, permitiendo que quienes han contratado la capacidad paguen por su uso, y que en el momento en que el proyecto se convierta en una realidad, este pago se les descontará de los peajes. La presidenta considera que esta medida permitirá que prevalezcan los proyectos más sólidos en lugar de los «meramente especulativos» o inviables. Acompañada de la publicación de mapas de capacidad, espera que se pueda visualizar la capacidad disponible en el sistema.
