MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) – La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha vuelto a abrir la puerta a una polémica reforma constitucional que pondría fin a la era pacifista del país, iniciada inmediatamente tras la Segunda Guerra Mundial, cuando Tokio renunció «para siempre» a la guerra como «derecho soberano» y limitó significativamente los movimientos de sus tropas.
Con la apertura de negociaciones con su principal socio de Gobierno, el Partido de la Innovación (JIP), la mandataria sigue la estela de algunos de sus predecesores conservadores, como el difunto Shinzo Abe, que abanderó iniciativas para mejorar la capacidad de defensa de Japón.
Esta posible reforma ha suscitado críticas entre la población japonesa durante años y representa, generalmente, un punto de fricción dada la significativa división existente en la sociedad nipona, puesto que sitúa al país al borde del belicismo. El Partido Liberal Democrático (PLD), formación gubernamental, ya había prometido enmendar la Carta Magna durante la campaña electoral al considerar que existen crecientes desafíos para el país en política exterior.
No es la primera vez que el PLD intenta avanzar en una enmienda que permita renunciar al artículo 9 de la Constitución; sin embargo, su anterior socio de coalición, el partido Komeito, se mostraba reticente a introducir medidas de este tipo.
El nuevo Gobierno apuesta por introducir una «cláusula de emergencia» que permita implementar las medidas necesarias ante un «desastre o un ataque armado”. Esta cuestión fue abordada en octubre por los socios para ratificar el nombramiento de Takaichi, quien se ha convertido en la primera mujer en ocupar la jefatura de Gobierno.
La Constitución nipona, redactada por un comité de estadounidenses tras la contienda, lleva décadas sin ser modificada desde su entrada en vigor en 1947. No se ha iniciado un proceso de reforma, en parte debido a que es necesario contar con un gran apoyo en la Dieta de Japón (el Parlamento).
Para promover la reforma, se requiere el apoyo de dos tercios en ambas Cámaras y la validación de la mayoría de la población en un referéndum nacional posterior. El PLD cuenta actualmente con el respaldo de otras formaciones que buscan un cambio significativo respecto a las limitaciones del Ejército, conocido en Japón como las Fuerzas de Autodefensa, aunque el Gobierno no tiene, por ahora, más de dos tercios de apoyo en la Cámara Baja, aunque sí en la Cámara Alta.
El Artículo 9
Este artículo se ha convertido en una pieza crucial de la Constitución japonesa, y muchos políticos conservadores lo ven como una «imposición humillante» por parte de la ocupación estadounidense tras la Segunda Guerra Mundial. Dicho artículo prohíbe al Ejército japonés poseer «fuerzas militares o potencial de guerra», algo que, según defiende el PLD, debería «aclararse» en mayor medida, instando a «definir el estatus legal de las fuerzas japonesas» y dejar de argumentar que su existencia es inconstitucional.
El borrador final de la Constitución fue aprobado por la Dieta el 7 de octubre de 1946 con solo cinco votos en contra. El texto incluye la rendición de cuentas del emperador ante el pueblo y adopta el pacifismo como meta principal, además de implementar un sistema parlamentario que finaliza los privilegios de la nobleza.
En 2014, el Gobierno de Abe trató de impulsar una medida similar que permitía ejercer el derecho de autodefensa colectiva si «la existencia del país se ve amenazada y hay un claro peligro de que se anulen los derechos del pueblo a la vida y la libertad».
Esto permitía a Japón enviar tropas de manera autónoma como parte de contingentes de paz a terceros países y participar en operaciones de seguridad bajo la égida de Naciones Unidas. Sin embargo, no tuvo apoyo suficiente a nivel político ni social, con más del 60% de la población en contra.
Tensiones con China
La apertura a una posible reforma constitucional se da en un momento de crecientes tensiones en la región, especialmente con Corea del Norte y China. Desde que asumió el cargo, Takaichi ha considerado la posibilidad de tomar medidas en represalia ante una eventual acción militar china relacionada con Taiwán.
Esta postura se ha reiterado por la mandataria, quien aseguró que una posible invasión de la isla pondría en peligro todo el ‘statu quo’ de la zona, provocando duras críticas por parte de China. Representantes chinos han llegado a hablar de «cortarle el cuello» a la primera ministra nipona.
La situación ha llegado a tal extremo que las autoridades chinas han afirmado que una acción de este tipo solo llevaría a una «nueva derrota» de Japón, instando al país a «aprender la lección histórica» de sus propios fracasos.
