SALAMANCA, 24 oct. (EUROPA PRESS) – La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha anunciado este viernes que está analizando si se puede estar produciendo algún tipo de desviación de fondos públicos en torno al despliegue de la financiación singular en Cataluña. Además, ha confirmado que está estudiando la posibilidad de adoptar medidas penales como consecuencia de esa supuesta malversación.
“Se está produciendo un gasto, una utilización del dinero público en algo que todavía no tiene una plasmación en una norma”, ha denunciado la presidenta de la asociación en el XXXV Congreso de los Inspectores de Hacienda del Estado, que este año se celebra en Salamanca. Ana de la Herrán ha confirmado que desde la asociación están analizando con su despacho jurídico si se puede estar produciendo algún tipo de desviación de fondos públicos.
Desde la asociación han criticado que, con la financiación singular, se está empezando «la casa por el tejado», ya que aún no se ha conseguido plasmar en una ley orgánica las modificaciones necesarias para hacerla posible. “No se está haciendo porque saben perfectamente que no pueden hacerlo, que no cuentan con las mayorías, porque se necesitaría en su caso”, ha explicado Ana de la Herrán.
La presidenta también ha señalado que, hasta el día de hoy, se ha creado el Consejo Asesor y el Comisionado, así como que se ha impulsado la norma para modificar el régimen jurídico de la agencia, para adaptarlo a la singularidad fiscal. “Se están gastando el dinero en este tipo de aparatos y estructuras”, ha advertido.
Problemas con el Fraude y las Devoluciones del IRPF
En este contexto, los inspectores han vuelto a insistir en que la “financiación singular de Cataluña no está regulada en la Constitución e incumple principios constitucionales”. Según han denunciado, desde que se inició el proceso de aplicación del “Acuerdo de Singularidad Fiscal para Cataluña”, ningún experto ha puesto de manifiesto algún efecto positivo de dicho régimen, cumpliendo así únicamente con la exigencia política de los independentistas catalanes para apoyar el nombramiento del presidente de la Generalitat.
El colectivo de inspectores considera que se está produciendo una modificación del sistema de financiación de las comunidades autónomas por la “puerta de atrás”, dado que no se ha modificado la normativa que fundamenta dicho régimen. Esta alteración del régimen jurídico, que conllevaría también el fraccionamiento de la Agencia Tributaria española, puede resultar en situaciones de vulneración del principio de igualdad, según han alertado.
De acuerdo con el informe de la asociación, una de las principales consecuencias de esa fragmentación sería la aparición de numerosos problemas en la lucha contra el fraude fiscal, dificultando la implementación de algunos planes de control, incluidos aquellos más graves, como la lucha contra las tramas de IVA y del fraude organizado. Además, existirían problemas de deslocalización de empresas si se fraccionara la gestión de los impuestos sobre el consumo y dificultades en el control de grandes multinacionales.
Asimismo, todas las actuaciones relacionadas con temas no tributarios que la agencia efectúa en el territorio nacional no podrían llevarse a cabo con los ciudadanos residentes en Cataluña, lo que provocaría un deterioro de los servicios prestados por la agencia, como es el caso de las devoluciones del IRPF. «El sistema tributario y la Agencia Tributaria están en esa situación en la que se están poniendo cargas de dinamita en todos los pilares», ha alertado el portavoz de la asociación, José María Peláez, en la rueda de prensa.
Finalmente, los inspectores han expresado que entre los trabajadores de la Agencia Tributaria en Cataluña existe «preocupación» e intranquilidad por la situación actual. “Son personas que han ganado su puesto en una oposición y deberían tener una tranquilidad, pero se están creando problemas innecesarios por el capricho de unos pocos”, ha criticado Ana de la Herrán.
