Nueva Delhi (EFE).- La India implementará una nueva orden que obliga a los fabricantes e importadores de teléfonos móviles a preinstalar una aplicación gubernamental en todos los nuevos dispositivos destinados al mercado nacional. Esta medida ha sido objeto de críticas por parte de la oposición, que la denuncia como una posible vulneración de derechos fundamentales.
La directiva, fechada el 28 de noviembre, exigirá a los fabricantes que la aplicación esté preinstalada, visible y operativa desde la primera configuración del dispositivo. Además, prohíbe limitar o desactivar sus funciones, según un comunicado del Ministerio de Comunicaciones.
La aplicación permitirá comprobar si un teléfono es auténtico mediante su número IMEI, denunciar dispositivos perdidos o robados y bloquearlos. También proporcionará información sobre cuántas líneas están registradas a nombre de un usuario y permitirá reportar llamadas sospechosas, intentos de fraude y enlaces maliciosos.
Los plazos para poner en marcha la medida
El Gobierno estableció un plazo de 90 días para que la medida quede completamente implementada y de 120 días para que las empresas presenten un informe de cumplimiento. Además, afirma que los fabricantes “deberán procurar” distribuir la aplicación mediante actualizaciones de software en los teléfonos ya fabricados y presentes en los canales de venta.
El ministro de Comunicaciones, Jyotiraditya Scindia, aclaró que la restricción impuesta a los fabricantes, prohibiéndoles desactivar las funciones de la aplicación en la instalación de fábrica, no implica que los usuarios no puedan desinstalarla. “Se trata de un sistema completamente voluntario y democrático: los usuarios pueden activarlo si lo desean o, si no, eliminar la aplicación de su teléfono en cualquier momento”, dijo en su cuenta de X, como respuesta a las críticas sobre el alcance de la medida.
La oposición lo tilda de inconstitucional
La orden busca, según el comunicado del Gobierno indio, “salvaguardar a los ciudadanos de la compra de dispositivos no genuinos” y permitir una “comunicación sencilla de usos indebidos de los recursos de telecomunicaciones”. Sin embargo, la oposición, liderada por el Partido del Congreso, ha calificado la medida de “inconstitucional” y exige su retirada inmediata. Su secretario general, K. C. Venugopal, afirmó que una aplicación gubernamental es “una herramienta distópica para vigilar a cada ciudadano”.
La aplicación desarrollada por el Gobierno se concibe como una herramienta “centrada en el ciudadano”, diseñada para “empoderar a los suscriptores móviles, reforzar su seguridad y aumentar la conciencia sobre las iniciativas del Gobierno dirigidas al usuario”, según declara su portal oficial.
