El nuevo primer ministro francés, Sebastien Lecornu, ha puesto en marcha una revisión de las prerrogativas vitalicias que han disfrutado históricamente los antiguos presidentes y algunos exministros. Durante la formulación del nuevo presupuesto y la creación de su Gobierno, Lecornu ha expresado su intención de acabar con estas privilegiadas condiciones, argumentando que los esfuerzos deben ser compartidos por todos los que ocupan posiciones en el Estado.
«No se puede pedir a los franceses que hagan esfuerzos si quienes están al frente del Estado no los hacen. Las reformas no siempre pueden ser para los demás, ya que esto genera sospechas», declaró Lecornu en una entrevista reciente. Confirmando su compromiso a través de un tuit, el primer ministro añadió: «Es normal que la República proteja a las personas que están bajo amenaza; sin embargo, es inconcebible que se beneficien de ventajas de por vida debido a un estatus temporal». Esta postura es respaldada por la cartera de Interior, que está promoviendo una evaluación caso por caso de la protección policial otorgada a los exministros.
¿De qué ventajas estamos hablando?
Los expresidentes del Gobierno han disfrutado de varios beneficios, entre los que se incluye la protección policial proporcionada por el Servicio de Protección (SDLP), atendiendo a los riesgos que enfrentan. La propuesta de Lecornu contempla que esta seguridad se limite a un periodo de tres años, renovable únicamente en circunstancias de amenazas concretas. Además, los expresidentes continúan contando con un secretario particular durante un plazo de diez años o hasta alcanzar los 67 años, sin cambios en este aspecto.
Uno de los privilegios más destacados ha sido el derecho a un coche oficial con chófer, financiado por el Estado, que antes estaba disponible de por vida. Con las nuevas reformas, este beneficio se acortará a un periodo de diez años. Por último, se mantendrá el derecho a recibir una indemnización de 15.000 euros brutos en los tres meses siguientes al cese en el cargo.
En 2024, se estimaba que el coste anual para el Estado de los beneficios concedidos a exmandatarios y ministros ascendía a cerca de 4,4 millones de euros, de los cuales casi la mitad estaba destinado a la protección policial. Este sistema de prebendas no se aplica a los exprimeros ministros que tienen acceso a estos recursos a través de cargos parlamentarios o públicos. En 2024, figuras como Laurent Fabius (presidente del Consejo Constitucional), Edouard Philippe (alcalde de Le Havre) y Jean Castex (presidente de la RATP) se encontraban en esta situación.
Respecto a los ministros del Interior, la protección policial se extendía durante un periodo de dos años, manteniéndose en caso de una «amenaza particular».
¿Quién fue la mayor carga en 2024?
Según el Diario Oficial de la Asamblea Nacional publicado en mayo de 2025, Dominique de Villepin fue el exmandatario que más costó al Estado, sumando 207.072 euros. A este le siguen Bernard Cazeneuve con 198.290 euros, Jean-Pierre Raffarin con 158.208 euros, Lionel Jospin con 157.657 euros, Édith Cresson con 157.223 euros y François Fillon con 149.089 euros.
Las reacciones políticas
La decisión de Lecornu ha sido bien recibida por los aliados del Gobierno. El diputado de Renaissance, Laurent Saint-Martin, elogió la medida, considerándola una promesa finalmente cumplida. Sin embargo, desde la izquierda, la secretaria general de la CGT, Sophie Binet, expresó sus reservas, indicando que esta acción no compensará otras decisiones presupuestarias que podrían considerarse injustas en el futuro. Por su parte, el diputado Sébastien Chenu de la AN afirmó que la medida le parece «muy bien», aunque la catalogó de «artificiosa», sugiriendo que Lecornu está más enfocado en una campaña de comunicación que en llevar a cabo reformas reales.
