La ministra de Sanidad, Mónica García, comienza el año 2026 con el desafío de abordar múltiples frentes en el ámbito de la salud pública. Uno de los temas más destacados es la oposición de los sindicatos médicos al borrador del nuevo Estatuto Marco, que García busca aprobar. Además de este proyecto, el ministerio tiene en el horizonte otras normativas pendientes, como la ley del medicamento y la reforma de la ley antitabaco, en un contexto de incertidumbre y tensión política.
Tras el rechazo de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), del Sindicato Médico Andaluz (SMA) y de la Agrupación por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF) al último texto del Estatuto, se prevén nuevas jornadas de huelga médica y movilizaciones en el inicio del año, según las organizaciones afectadas. Desde hace tres años, el Ministerio de Sanidad lleva a cabo negociaciones para actualizar el Estatuto Marco, que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS) y que no ha visto cambios desde 2003.
García ha reiterado su intención de llevar este asunto al Consejo de Ministros y, posteriormente, al Congreso de los Diputados. «Yo necesito que esta ley llegue al Congreso de los Diputados», afirmó en julio, subrayando su deseo de que se apruebe durante la legislatura actual.
Medicamentos, Tabaco y Pacientes
En medio de un panorama crítico, la ministra debe gestionar no solo el Estatuto sino también otros proyectos clave, como la nueva Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios, cuyo anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros en abril pasado. Este anteproyecto incluye propuestas para que enfermeras y fisioterapeutas puedan recetar fármacos según sus competencias, así como permitir que farmacéuticos sustituyan medicamentos prescriptos en caso de desabastecimiento y cambios en el sistema de precios para aumentar la competitividad.
No obstante, el texto recibió cerca de 400 alegaciones en la fase de audiencia pública, lo que llevó a Sanidad a realizar ajustes para mejorar los aspectos más conflictivos. Además, aún se requieren avances en el Real Decreto de Precio y Financiación de Medicamentos y el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.
También estarán en la agenda la ley antitabaco, que busca ampliar los espacios libres de humo y equiparar los cigarrillos electrónicos al tabaco tradicional, así como el Proyecto de Ley de prevención del consumo de bebidas alcohólicas y sus efectos en menores de edad. «Esperamos que los diferentes grupos parlamentarios prioricen la salud de los ciudadanos y la evidencia científica», expresó García en julio sobre la reforma de la Ley del Tabaco.
Uno de los temas que marcarían la segunda mitad de la legislatura es la Ley de Organizaciones de Pacientes. Según Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, esta normativa definirá un marco jurídico propio para las asociaciones de pacientes y fomentará su participación en la creación de políticas públicas que les afectan.
Por otro lado, se espera la puesta en marcha de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), cuyo objetivo es reforzar las capacidades del país en la mejora de la salud pública y protección ante amenazas sanitarias, como la pandemia de Covid-19. La meta es que la agencia esté «plenamente operativa» en el primer semestre de 2026.
Privatización y Universalidad
A finales de 2025, Mónica García destacó la prioridad de la Ley de Gestión Pública y de Integridad del SNS para iniciar el nuevo año, que busca derogar la Ley 15/1997 y limitar la colaboración público-privada en la sanidad. Además, su departamento trabaja en un Real Decreto para reducir las listas de espera, otro de los compromisos del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar.
Asimismo, se encuentra pendiente la aprobación de la Ley de Universalidad del SNS, que el Consejo de Ministros envió al Congreso en mayo de 2024, con el fin de recuperar el derecho a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones para los españoles en el extranjero y para toda persona residente en España, independientemente de su situación administrativa.
Finalmente, la ministra continuará colaborando con las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), organismo en el que ha conseguido «más de 70 acuerdos» desde que asumió su cargo, a pesar de los conflictos surgidos con las consejerías del Partido Popular. Esto seguirá siendo un foco en la agenda político-sanitaria del nuevo año, dado que persisten disputas con la Comunidad de Madrid sobre la creación del registro de objetores y la recopilación de datos sobre cribados de cáncer.
