MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
El Partido Popular (PP) ha utilizado su mayoría absoluta en el Senado para avanzar en un conflicto de atribuciones con el Gobierno, lo que podría culminar en el Tribunal Constitucional (TC). La intención es presionar al Ministerio de Hacienda para que presente el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026 ante las Cortes en el menor tiempo posible.
Este asunto se discutió en un debate intenso, donde el presidente del Senado, Pedro Rollán, hizo múltiples advertencias a senadores del PSOE para mantener el orden, mientras que se intercambiaban críticas entre el PP y el PSOE sobre las polémicas judiciales en las que está envuelto el Gobierno y la falta de Presupuestos en comunidades gobernadas por el PP.
A pesar de no contar con el apoyo de otros grupos durante la votación, el PP logró activar el procedimiento para que la Cámara Alta eleve un nuevo conflicto de atribuciones al TC en relación a los Presupuestos del próximo año. Así, el Senado ha adoptado este asunto como propio, que será enviado al Gobierno.
El Ejecutivo tendrá un mes para responder desde la recepción del conflicto de atribuciones, aunque también puede optar por no contestar, considerándolo substanciado. En caso de que no se dé respuesta o la misma sea negativa, será el Senado quien decida si el asunto se eleva al Tribunal Constitucional o si se desiste de avanzar en este sentido.
En el contexto de la votación durante el Pleno, el PP no logró el respaldo de otros grupos, aunque recibió la abstención de ERC, EH Bildu, Vox, UPN, Asociación Socialista Gomera y Agrupación Herreña Independiente.
ES UNA «OBLIGACIÓN» DE LA CONSTITUCIÓN
En el documento que sustenta el conflicto de atribuciones, el PP sostiene que el Senado «no debe admitir ni tolerar el incumplimiento» de la obligación que la Constitución establece para el Gobierno, el cuál tiene el deber constitucional de elaborar y presentar presupuestos.
Asimismo, advierten que no pueden «admitir» la «práctica fraudulenta» de realizar modificaciones presupuestarias «fuera del ámbito parlamentario» debido a la falta de Presupuestos, lo cual consideran «contrario al principio de legalidad presupuestaria».
El PP compara la situación actual, que se anticipa se repetirá en 2026 con la prórroga de los Presupuestos de 2023, con lo sucedido en 2020, cuando los Presupuestos de 2018 se mantuvieron prorrogados debido a que el Gobierno decidió no presentar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales por la crisis derivada de la pandemia de COVID-19.
Desde su perspectiva, el PP afirma que «no existe justificación posible» para no presentar los nuevos Presupuestos, excepto el no haber alcanzado un acuerdo con fuerzas parlamentarias suficientes que garanticen su aprobación.
Finalmente, el documento aclara que «los motivos políticos no pueden ser esgrimidos para justificar la omisión del cumplimiento por parte del Gobierno de obligaciones constitucionales», lo que impide que las Cortes Generales, y en particular el Senado, puedan desempeñar su función en materia presupuestaria.
