Moscú (EFE).- El Kremlin ha acusado al dueño de Telegram, Pável Dúrov, de negarse a cooperar con las autoridades rusas, tras la apertura de una causa penal por parte del Servicio Federal de Seguridad (FSB) debido a presuntas «colaboraciones con el terrorismo». Según el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, se ha registrado un significativo número de infracciones y una evidente renuencia de la administración de Telegram para colaborar con las autoridades.
Peskov añadió que el Kremlin está documentando una gran cantidad de contenido que podría representar un peligro para el país, y que en base a esta información, las agencias competentes están tomando las medidas que consideran necesarias. Sin embargo, subrayó que el Kremlin «no tiene la autoridad para decidir bloquear o no las aplicaciones de mensajería».
Recientemente, medios rusos informaron que el FSB ha abierto una causa penal contra Dúrov, argumentando que «la ilusión de anonimato ha traído a la red de mensajería un ejército de radicales, drogadictos, asesinos y terroristas, convirtiéndose en una amenaza para nuestra sociedad».
Ataques a la libertad en redes, según Telegram
En medio de una campaña de ralentización de los servicios de mensajería por parte de las autoridades rusas, Dúrov ha denunciado que los ataques a la libertad en las redes están dirigidos a forzar a los usuarios a cambiarse a una aplicación estatal, la cual está diseñada para la vigilancia y la censura política.
<pEl Servicio Federal de Seguridad (FSB) también alertó sobre el uso de Telegram, señalando que las autoridades consideran bloquearlo para promover una alternativa estatal, la aplicación MAX, la cual representa un peligro para sus soldados en Ucrania.
Sin embargo, varios blogueros militares y líderes de partidos oficialistas han criticado la ralentización de la aplicación, indicaron que esto entorpece la comunicación de las tropas rusas.
A partir de mediados de 2025, las autoridades rusas comenzaron a restringir los servicios de Telegram y WhatsApp, lo que llevó a que los ciudadanos se quedaran sin la capacidad de realizar videollamadas a través de estas aplicaciones.
Por último, la Justicia rusa exige a Telegram que, de acuerdo con la legislación nacional, localice los servidores que almacenan los datos de los usuarios, lo que podría poner en riesgo la privacidad de los internautas.
