El juez Juan Carlos Peinado ha acordado prorrogar hasta abril de 2026 la investigación que dirige contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por presuntos delitos relacionados con tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y malversación. Esta prórroga se extiende debido a que el juez cuenta con «numerosas diligencias pendientes de resolver».
Detalles de la Resolución Judicial
En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid especifica que la prórroga de seis meses comenzará a contar «a partir del 16 de octubre de 2025», lo que significa que podría extenderse hasta mediados de abril de 2026, marcando casi dos años desde la apertura de la investigación.
En la misma resolución, el juez Peinado ha recibido un aviso de la Audiencia Provincial de Madrid que indica que la investigación a Gómez debe realizarse dentro de un único marco judicial, ya que todos los delitos señalados están interconectados. Esto impide desglosar el delito de malversación, tal como se había acordado previamente.
Diligencias Pendientes
Entre las diligencias que aún están pendientes, el juez espera recibir información de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre diversos convenios de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) relativos al Máster de Transformación Social Competitiva que Gómez codirigió. Además, solicita información sobre varios repositorios de empresas como Minsait, Flat 101, Google, Devoteam y Telefónica, ya que se ha dado traslado de estos documentos a la UCO.
También se aguarda que la Escuela de Gobierno de la UCM y Amazon EU le proporcionen todos los correos electrónicos emitidos y recibidos en relación con los dominios del máster para su posterior análisis por parte de los investigadores de la Guardia Civil.
Investigación en Proceso
Tambié se encuentra a la espera de que la Presidencia del Gobierno le informe sobre quienes han ocupado el cargo de secretario general desde el 11 de julio de 2018, así como las personas responsables de autorizar, aprobar y ordenar pagos a Cristina Álvarez. Se solicita también una copia de los correos electrónicos enviados y recibidos desde la cuenta de correo asignada a Gómez.
En relación con el juicio, se está a la espera de resolver sobre las pruebas solicitadas por las partes en las comparecencias anteriores, donde se ha indicado que, de ir a juicio, los cuatro investigados, incluidos Gómez y el empresario Juan Carlos Barrabés, serían juzgados por un jurado popular.
Peinado advierte que es poco probable que se puedan completar estas diligencias antes del 16 de octubre de 2025.
Contexto de la Investigación
La investigación fue iniciada en abril de 2024 tras una denuncia presentada por la asociación Manos Limpias que acusaba a Gómez de haber utilizado su posición para recomendar a empresarios como Barrabés en licitaciones públicas. A partir de ahí, se han abierto nuevas ramas de investigación a raíz de querellas presentadas por Hazte Oír y Vox, las cuales denuncian irregularidades en el registro de un software relacionado con una cátedra de la UCM dirigida por Gómez.
El juez Peinado se enfrenta a su último año judicial en 2026, año en el que se jubilará en septiembre, cumpliendo con la edad máxima permitida para ejercer.
