El Gobierno ha emitido un «requerimiento formal» a las comunidades autónomas de Madrid, Aragón y Baleares debido a su incumplimiento con respecto al registro de objetores de conciencia al aborto. La ministra de Sanidad, Mónica García, subrayó que este registro es una «herramienta esencial» para garantizar los derechos tanto de los profesionales sanitarios como de las mujeres que requieren atención en este aspecto. Todas las comunidades autónomas están obligadas a su implementación, considerando que no se trata de una opción, sino de un mandato legal.
El requerimiento da un plazo de un mes a dichos gobiernos regionales para que respondan o adopten las medidas necesarias para cumplir con la ley, según establece el artículo 44 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Este proceso permite a las comunidades justificar su situación, informar sobre trámites en curso o rectificar el incumplimiento antes de que el Gobierno considere llevar el caso ante los tribunales.
García subrayó que, tras este requerimiento, si no hay respuesta en el mes indicado, el Gobierno dispondrá de un plazo adicional de dos meses para acudir a los tribunales y presentar un Contencioso-Administrativo para que un juez obligue a las comunidades a cumplir con la normativa. “Evadir este procedimiento no solo vulnera los derechos de las mujeres, sino que también afecta a los profesionales que desean ejercer su derecho a la objeción de conciencia de manera activa”, afirmó la ministra.
En este contexto, García respondió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien se ha opuesto a la creación de un registro de médicos objetores, requerido por la legislación estatal de 2023. La ministra recomendó a Ayuso «recoja cable» y «abandone su cruzada contra las mujeres y contra los derechos conquistados».
Según detalló en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, la mayoría de las comunidades cumplen con la obligación de implementar el registro o están en fases de trámite, a excepción de Madrid, Baleares y Aragón. García señaló que estas comunidades son las únicas que no han realizado avances significativos, aunque subrayó que solamente Madrid ha sido explícita en su rechazo a aplicar la ley.
En contraste, comunidades como Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra, País Vasco y la Comunidad Valenciana ya han establecido el registro de objetores conforme a lo acordado el 16 de diciembre de 2024 por el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Asimismo, las comunidades de Andalucía y Asturias se encuentran en fase de tramitación.
Finalmente, García ha dirigido misivas a los consejeros de Sanidad de Aragón, Baleares y Madrid, con el requerimiento para que se proceda a la creación del registro o se presente una respuesta en el próximo mes, insistiendo en la urgencia y legalidad de dar cumplimiento a esta normativa.
