El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha anunciado este miércoles que el Gobierno ha propuesto a los agentes sociales una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 3,1% para 2026, alcanzando así los 1.221 euros mensuales por catorce pagas, sin tributación en el IRPF. Además, se ha comprometido a estudiar «seriamente» la relajación de las reglas de desindexación en los contratos públicos.
Esta cifra de 1.221 euros, que se aplicaría con efectos retroactivos desde el 1 de enero una vez aprobada, representa un incremento de 37 euros al mes respecto a los actuales 1.184 euros. Esta propuesta se alinea con una de las recomendaciones del Comité de Expertos que asesora al Gobierno sobre el SMI, que sugirió que si el salario mínimo no tributa en el IRPF, se podría considerar un aumento del 3,1%; en caso contrario, la subida podría alcanzar el 4,7%.
Pérez Rey ha señalado que se ha llegado a un consenso con el Ministerio de Hacienda para que el SMI no tribute tampoco en 2026. Aseguró que CCOO, UGT, CEOE y Cepyme estudiarán esta propuesta, la cual se les presentó en una reunión que dio inicio a primera hora del miércoles. Hasta el momento, el secretario de Estado no ha recibido una respuesta afirmativa ni negativa, aunque considera que el resultado de la reunión es «esperanzador».
En el encuentro, no se abordó la reforma de las reglas de compensación y absorción salarial, que se trataría en otro decreto. Sin embargo, se discutieron las reglas de indexación en los contratos públicos, buscando «relajarlas» para permitir que las subidas del SMI influyan en los precios de estos contratos. Esta propuesta cuenta con el apoyo de la patronal, así como de CCOO y UGT, así como del propio Ministerio de Trabajo.
«No tiene mucha lógica que las subidas del salario mínimo interprofesional no puedan ajustar los precios de licitación en los contratos», explicó Pérez Rey, argumentando que sectores esenciales para la economía, como la limpieza o la seguridad privada, deberían tener la posibilidad de trasladar al precio de los contratos algunas de las subidas laborales.
El secretario también recordó que el Ministerio está trabajando en la transposición de la Directiva Europea de Salarios Mínimos, que exige a los Estados miembros establecer mecanismos para trasladar las subidas del SMI a los contratos públicos. «No es solo una cuestión de oportunidad política o jurídica, sino una obligación derivada de una directiva», destacó.
Por otra parte, los órganos de dirección de los agentes sociales deberán evaluar si apoyan la propuesta del Gobierno, la cual se fundamenta en la subida del 3,1% del SMI y en cambios en las reglas de desindexación en los contratos públicos. Aunque Pérez Rey no puede hablar en nombre de la patronal, afirma que el hecho de que estén consultando a sus órganos internos sugiere que podrían estar de acuerdo en que es necesario garantizar que el SMI de 2026 no pierda poder adquisitivo.
En cuanto a la posible reforma de la Ley de Desindexación, el secretario de Estado indicó que existen diversas maneras de abordar esta adaptación legislativa, sin descartar futuras opciones legislativas.
Los representantes de CCOO y UGT han calificado el desarrollo de la reunión como «positivo», destacando el compromiso del Gobierno de abrirse a una relajación de la Ley de Desindexación, aprobada por el Gobierno del Partido Popular en 2015. Pacheco, del sindicato CCOO, reiteró que, a pesar de que su propuesta de subida del SMI para 2026 era diferente, no se interpondrán a un acuerdo que garantice un salario mínimo que represente el 60% del salario medio neto.
Ambos líderes sindicales han dado la importancia de consultar esta propuesta con sus respectivas organizaciones, enfatizando que, en el contexto actual de incertidumbre internacional, es fundamental que los interlocutores sociales trasladan estabilidad y tranquilidad a la sociedad a través de un acuerdo que incluya a la patronal.
La urgencia de esta negociación es palpable, ya que no se puede dilatar durante semanas sin poner en riesgo la actualización de los salarios de más de 1,5 millones de trabajadores.
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