El Gobierno ha planteado su propuesta de reforma del nuevo modelo de financiación autonómica, que incrementa el porcentaje de cesión a comunidades autónomas del IRPF del 50% al 55% y del IVA del 50% al 56,5%. Con esta reforma, se estima que los recursos del sistema de financiación aumentarán en aproximadamente 16.000 millones de euros para el año 2027.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó este viernes en rueda de prensa la propuesta del Gobierno para la reforma, un compromiso que el Ejecutivo de Pedro Sánchez asumió al inicio de la legislatura. «El Ejecutivo asume su responsabilidad y entiende que no hay mejor manera de defender el Estado del Bienestar que reformulando un modelo de financiación que tiene ya 17 años», indicó Montero.
La reforma busca diseñar un sistema que incremente los recursos autonómicos para blindar el Estado del bienestar, reforzar la autonomía y la corresponsabilidad fiscal, garantizar la solidaridad interterritorial, respetar la singularidad territorial y ser más transparente y sencillo. En total, se prevé que las comunidades autónomas cuenten en el nuevo modelo con cerca de 21.000 millones de euros más que en el anterior, alcanzando unos recursos de 224.507 millones de euros en 2027.
Reformulación del Cálculo de Población Ajustada
Para ello, el Gobierno ha reformulado el concepto de población ajustada, que establece cuántos habitantes tiene cada comunidad, ponderando variables que afectan al coste de prestación de servicios y a las necesidades de financiación. Según el Ejecutivo, el nuevo modelo permitirá reducir las diferencias de financiación por habitante ajustado entre comunidades autónomas en un 50% respecto al modelo actual.
La configuración de la población ajustada variará respecto a la situación vigente, considerando la población padrón y la población protegida, que se amplía a 20 grupos en lugar de siete. También se redefinirá el cálculo para determinar el gasto educativo, incluyendo nuevos criterios como el número de habitantes de entre 18 y 24 años que cursan estudios universitarios o formación profesional, así como el número de alumnos universitarios que se trasladan desde otras comunidades.
En el ámbito de servicios sociales, se desglosa en dos tramos: entre 65 y 79 años, y los mayores de 80 años. Además, se incorporará como novedad, con un peso del 1,5%, el número de parados sin prestación social. Junto a estas áreas, se tienen en cuenta otros factores que impactan en el coste de la prestación de servicios, como la superficie, dispersión, insularidad y costes fijos, reconociendo las dificultades de algunas comunidades autónomas que tienen poblaciones reducidas para alcanzar economías de escala.
Caja Compartida para que los Ingresos de IRPF Lleguen de Forma Simultánea
En el ámbito tributario, se incluirán nuevos impuestos en la cesta del sistema, como el impuesto de patrimonio, impuesto sobre depósitos bancarios, impuesto sobre actividades de juego y el impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero. «Antes, estas figuras tributarias eran también recaudadas y formaban parte de los recursos de las comunidades autónomas, pero no estaban contempladas en la cesta global del sistema», explicó Montero.
Asimismo, las comunidades autónomas que lo deseen podrán acogerse a un sistema de caja compartida donde los ingresos del IRPF llegarán simultáneamente a las administraciones central y autonómica. Cada comunidad comunicará su intención de participar en este sistema en la comisión mixta con el Estado, con una duración de cinco años.
También se negociará con las comunidades autónomas para que las liquidaciones se realicen antes y se implementará un nuevo modelo de gestión en red del sistema impositivo entre la Agencia Tributaria y las haciendas autonómicas. El objetivo es que cada administración autonómica asuma más competencias en la gestión de impuestos cedidos, coordinándose con la Administración Estatal.
Nivelación Horizontal y Vertical
En cuanto a la nivelación horizontal del sistema, se abordará la solidaridad interterritorial. Para ello, se establecerá una nivelación del 75% de la distancia de cada comunidad respecto a la media de recursos por habitante ajustado. Las comunidades que tengan una capacidad tributaria por habitante ajustado por debajo de la media recibirán recursos, mientras que las que estén por encima aportarán netamente.
En la nivelación vertical, el Estado aportará en esta fase 19.000 millones de euros al sistema, provenientes en un 5% del rendimiento del IRPF y transferencias adicionales. Durante esta fase, se reducirá en dos tercios la distancia de cada comunidad respecto al territorio que presenta la mayor financiación por habitante.
Mecanismo IVA PYMES y Fondo Climático
Las comunidades autónomas podrán solicitar recibir una parte de la recaudación del IVA generada por las pymes en su territorio. Aquellas que se adhieran al sistema del IVA PYMES deberán aplicarlo durante los próximos cinco años, con un proceso de adhesión voluntaria que no afectará a la financiación ni ingresos del resto de comunidades.
Ante los retos de la crisis climática, se dotará al sistema de financiación de un fondo climático de alrededor de 1.000 millones de euros. Dos tercios de este fondo se destinarán a las comunidades autónomas del litoral mediterráneo, mientras que el tercio restante irá a las demás comunidades, distribuyéndose según el criterio de población ajustada.
Statu Quo para que Ninguna Comunidad Autónoma Reciba Menos Recursos
Existirá un mecanismo de cierre que garantizará el statu quo, asegurando que ninguna comunidad, al inicio de la aplicación del sistema, recibiría menos recursos de los que habría obtenido con el modelo anterior. Este mecanismo será financiado con aportaciones de la Administración central, que aportará unos 400 millones, beneficiando especialmente a Cantabria y Extremadura.
Finalmente, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda ha destacado otros aspectos de la propuesta relacionados con la gestión tributaria y la financiación de las competencias no homogéneas.
Mecanismo Complementario de Financiación
El modelo propuesto permitirá que la financiación de las competencias no homogéneas provenga de un porcentaje mayor de IVA cedido. Esta cesión adicional se fijará en el año base según lo que tenga asignado cada comunidad autónoma. Se trata de un mecanismo opcional, permitiendo a las comunidades elegir si continúan recibiendo la financiación a través de una transferencia evolucionada por el índice de los ingresos del Estado (ITE), lo que refuerza la autonomía de las comunidades y refleja la flexibilidad del nuevo modelo de financiación.
Reforma del Fondo de Compensación Interterritorial
Finalmente, el Gobierno impulsará una reforma del Fondo de Compensación Interterritorial para garantizar una aportación adicional a las comunidades autónomas en statu quo que se sitúan por debajo de la media de financiación por habitante. Para ello, se habilitará un tramo específico del Fondo de Compensación Interterritorial que equivaldrá al diferencial de cada territorio respecto a la media por habitante, lo que se traduce en una estimación de una aportación adicional de 3.300 millones de euros.
