MADRID, 31 Dic. (EUROPA PRESS) – El Gobierno palestino ha condenado rotundamente la entrada en vigor de la orden de revocación promulgada por Israel que afecta a la actividad de la ONG Médicos sin Fronteras (MSF) en Gaza. Esta medida ha sido calificada como «arbitraria» y tiene como objetivo eliminar «testigos» que puedan denunciar violaciones del derecho internacional.
Según el Ministerio de Exteriores de la Autoridad Palestina, «estas instituciones brindan asistencia humanitaria, sanitaria y ambiental vital a nuestro pueblo, especialmente en la Franja de Gaza, en un momento en que el pueblo palestino sufre genocidio y hambruna, que Israel ha utilizado como arma de guerra».
Además, se señala que «las acciones de Israel, como potencia ocupante ilegal, para detener la labor de estas organizaciones constituyen piratería, violencia y medidas que violan el derecho y las normas internacionales». La Autoridad Palestina añadió que «Israel no desea testigos de sus crímenes» y que esta decisión forma parte de un plan más amplio para destruir «ámbitos vitales» como la protección infantil, la salud, la educación, el agua y el bienestar de los refugiados, que son fundamentales para la causa palestina.
MSF INSISTE EN QUE HA CUMPLIDO CON TODOS LOS REQUISITOS
En un comunicado emitido este miércoles, Médicos sin Fronteras (MSF) protestó enérgicamente contra la revocación, asegurando que ha cumplido con todos los requisitos exigidos por Israel, quien nunca proporcionó «criterios ni garantías claros» al respecto.
Claire San Filippo, coordinadora de Emergencias de MSF, destacó que los informes que sugieren que la organización no ha cumplido con el proceso de registro en Gaza son inexactos. «Hemos estado plenamente involucrados desde julio de 2025 y hemos presentado la mayor parte de la información requerida», aseguró.
Finalmente, MSF rechaza categóricamente las acusaciones israelíes sobre vínculos con grupos armados. «MSF se toma estas acusaciones muy en serio. Nunca contrataríamos a sabiendas a personas que participan en actividades militares. Hacer públicamente tales afirmaciones sin pruebas pone en riesgo al personal humanitario y socava el trabajo médico crítico que se realiza», lamentó la organización.
