El Gobierno español está en busca de alternativas para avanzar en la ratificación del Tratado de Amistad firmado con Francia en enero de 2023, tras el rechazo del Congreso a su validación en mayo y la reciente decisión del Tribunal Constitucional de no pronunciarse sobre el recurso presentado por el Senado, promovido por el Partido Popular (PP).
«El Gobierno sigue trabajando para que entre en vigor el Tratado de Amistad con Francia, que será beneficioso para nuestros ciudadanos en múltiples aspectos», declararon fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores tras el revés judicial.
Uno de los principales obstáculos para la ratificación del Tratado, que fue rubricado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente francés, Emmanuel Macron, durante la XXVII Cumbre Hispano-Francesa en Barcelona, radica en la cláusula que establece la participación de un ministro del país vecino en las reuniones del Consejo de Ministros español al menos una vez cada tres meses de forma rotatoria.
Para que esta participación fuera viable, se requería modificar la Ley de Gobierno de 1997, que en su artículo 5.2 prohíbe que extranjeros asistan a estas reuniones, salvo excepciones para secretarios de Estado y altos cargos convocados. El Gobierno intentó, sin éxito, una enmienda a la Ley de Paridad en abril de 2024. Sin embargo, finalmente se logró modificar la redacción a través de una enmienda a la Ley de Eficiencia de la Justicia, aprobada en noviembre de 2024, que establece que se puede actuar «sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales válidamente celebrados por España».
Dado el retraso acumulado, puesto que Francia ya había completado su proceso de ratificación, el Consejo de Ministros aprobó el 28 de enero la remisión del Tratado a las Cortes para su tramitación urgente, buscando reducir a la mitad los plazos habituales.
Recurso del Senado promovido por el PP
No obstante, el Gobierno se encontró con el rechazo del PP, que utilizando su mayoría absoluta en el Senado, presentó el 12 de febrero un recurso previo de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Este recurso sostiene que el artículo que permite la participación de ministros franceses en las reuniones podría vulnerar el artículo 98 de la Constitución Española, que otorga al Rey la exclusividad de asistir al Consejo de Ministros sin ser miembro del Gobierno.
Mientras el Constitucional analizaba el recurso, el Tratado de Amistad avanzaba en el Congreso de los Diputados, donde superó un primer trámite en la Comisión de Exteriores gracias a la abstención del PP, que alegó esperar el dictamen del TC. También se abstuvieron Podemos y Junts, mientras que Vox votó en contra. Finalmente, el 14 de mayo, el Tratado fue debatido y votado en el Pleno, donde el PP, Vox y UPN votaron en contra, siendo la abstención de Junts y Podemos crucial para que el Gobierno no obtuviera la mayoría necesaria.
Ante esta situación, la única opción del Gobierno para ratificar el Tratado pasaba por que el Constitucional desestimara el recurso del Senado o, en su lugar, determinara que la participación de representantes de otros países en el Consejo de Ministros no era inconstitucional.
Revés del Constitucional
Sin embargo, el miércoles pasado, el Constitucional decidió no pronunciarse sobre el recurso del Senado, tras el rechazo del Congreso a ratificar el Tratado. En su fallo, el magistrado Enrique Arnaldo señaló que la declaración que solicitaba la Cámara Alta debe ser previa a la ratificación del Tratado y, tras la denegación de autorización por parte del Congreso, este no puede ser ratificado válidamente por España.
Por lo tanto, el Gobierno no ha aclarado qué opciones se están considerando para ratificar el Tratado, en un contexto donde este retraso afecta las relaciones bilaterales con Francia. A priori, se esperaba una nueva Reunión de Alto Nivel este año, que no se ha podido concretar debido a que en París consideran que no tendría sentido convocarla sin haber materializado el acuerdo principal de la cumbre anterior.
Aunque mencionaron que continúan «trabajando» para su ratificación, en la oficina de José Manuel Albares, quien prometió a su homólogo francés que el Tratado estaría ratificado antes del verano de 2024, no se ha especificado si habrá un nuevo intento en las Cortes o si se considera eliminar el artículo que ha generado toda la controversia.
Por último, las fuentes consultadas defendieron que «la voluntad del Gobierno es y siempre ha sido que entre en vigor», recordando que el impedimento se debe a «el voto en contra del PP», un punto que el propio Albares ha criticado en sus intervenciones parlamentarias.
