El Consejo de Ministros ha aprobado en segunda vuelta el Proyecto de Ley de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas de Régimen Común. Esta norma, que ha sido remitida al Congreso de los Diputados, permitirá al Estado asumir 83.252 millones de euros de la deuda existente en las Comunidades Autónomas, tal y como planteó el Gobierno progresista para continuar apoyando la labor de las autonomías. Esto mejorará la situación financiera de las comunidades autónomas, facilitará el acceso a los mercados en mejores condiciones y permitirá un ahorro en intereses de aproximadamente 6.700 millones de euros.
La asunción de deuda corrige desequilibrios que las cuentas de las CCAA arrastran desde hace más de una década, lo que refleja que la respuesta que se dio en la anterior crisis financiera supuso un fuerte deterioro de las cuentas públicas.
La propuesta de condonación se sumará al récord de recursos del sistema de financiación para las autonomías en el año 2026. Las entregas a cuenta alcanzarán otro récord al llegar a 157.731 millones de euros, como comunicó la vicepresidenta Montero a los consejeros de Hacienda en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). A esta cantidad se sumará la liquidación del año 2024, elevando la cifra total que recibirán las CCAA a 170.300 millones de euros.
Metodología de la condonación
La metodología para establecer el importe de la condonación se basa en criterios técnicos y transparentes que buscan el equilibrio y la igualdad entre las comunidades autónomas:
- Fase 1: Se compara el crecimiento de la deuda autonómica durante la crisis financiera, periodo que abarca desde el 31 de diciembre de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2013, con el pasivo surgido por la pandemia de Coronavirus y las consecuencias de la invasión rusa en Ucrania, que va del 31 de diciembre de 2019 al 31 de diciembre de 2023. Este cálculo arroja una cifra de 80.310 millones de euros. El 75% de este importe, que son 60.232 millones de euros, se reparten por el criterio de población ajustada. La condonación media resultante en esta primera fase alcanza el 19% del pasivo autonómico.
- Fase 2: En esta etapa se busca compensar a las CCAA que queden por debajo de la media del 19%, garantizando que todas alcancen este umbral. Esto implica añadir 11.514 millones de euros a la distribución que se realizará.
- Fase 3: La última parte del procedimiento implica dos ajustes adicionales. Se identifica a la comunidad autónoma que tras las dos primeras fases registra una mayor condonación por habitante ajustado, siendo la Comunitat Valenciana con 2.284 euros. A continuación, se eleva hasta alcanzar esa cifra a las comunidades que hayan registrado una financiación homogénea por habitante ajustado inferior a la media entre 2010 y 2022, lo que implica añadir 10.590 millones de euros a la condonación.
Otro ajuste importante es la suma de 917 millones de euros para las CCAA que hayan ejercido sus competencias normativas en IRPF al alza, lo que se traduce en un 10% adicional para esas regiones que estén por encima de la media en IRPF y otro 5% para las que estén por debajo de esa misma media. Este enfoque valora a aquellas que han exigido un mayor esfuerzo fiscal a la ciudadanía para mejorar sus cuentas.
Procedimiento para la asunción de deuda
El proyecto de ley establece cómo se desarrollará el proceso de condonación de deuda por parte del Estado. Este será distinto en función de si la CCAA tiene deuda con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) o no.
En el primer caso, el Estado asumirá la deuda cancelando o amortizando los saldos vivos de esos préstamos con el FLA hasta alcanzar el importe asignado a dicha comunidad. Se empezará por los préstamos más antiguos hasta llegar a 2019, que podrá ser cancelado o amortizado en su totalidad. Posteriormente, si esa región dispone aún de margen de condonación, se comenzaría con las cantidades de 2024, posteriormente pasando a 2023, 2022, 2021 y 2020, sucesivamente, si fuese necesario.
Para las CCAA que no tengan cuentas pendientes con el FLA, se les solicitará que trasladen a la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional los datos de su cartera de deuda con terceros actores. Tras seleccionar las operaciones que puedan formar parte de la condonación, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) acordará que el Estado subrogue la posición deudora de estas autonomías, con el previo consentimiento de los acreedores.
Esto representa un paso significativo en el proceso de fortalecimiento de la financiación de las comunidades autónomas, contribuyendo a una mejora en sus respectivas administraciones y al cumplimiento de sus responsabilidades financieras.
