MADRID, 14 Abr. – El Gobierno ha señalado que el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) conocido este martes es «meramente aclaratorio», lo que significa que no afecta a la normativa nacional ni impone sanciones de ningún tipo. Además, el derecho europeo no obliga a España a convertir en fijos los contratos temporales del sector público.
Fuentes del Ministerio de Función Pública han indicado que la sentencia del TJUE es la respuesta a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo. Este preguntó si el marco constitucional español para el acceso al empleo público, basado en principios de igualdad, mérito y capacidad, que prohíbe la fijeza automática, era contrario al derecho europeo.
En una sentencia emitida este martes, el TJUE ha considerado que las medidas adoptadas en España para abordar el uso de contratos temporales sucesivos en el sector público no se ajustan al Derecho de la Unión. El tribunal argumenta que estas medidas no permiten sancionar adecuadamente estas prácticas ni eliminar las consecuencias del incumplimiento.
El fallo responde al caso de una trabajadora que encadenó seis contratos de interinidad desde 2016 en un centro educativo público de la Comunidad de Madrid. La justicia española calificó su relación laboral como indefinida no fija, tras determinar que hubo una utilización irregular de su situación laboral.
El TJUE también ha señalado que esta solución «no constituye una medida adecuada», ya que mantiene una relación laboral de naturaleza temporal, contribuyendo a la «situación de precariedad» del trabajador. Según el tribunal, la estabilidad en el empleo es un elemento «primordial» de protección.
Tras conocerse el fallo, desde Función Pública han reafirmado el compromiso del Gobierno con la reducción de la temporalidad entre los empleados de la Administración Pública. Han recordado que la doctrina del Tribunal Constitucional es contraria a hacer fijos a trabajadores temporales sin que estos superen un proceso de oposición abierta a todo el mundo.
Las fuentes han indicado: «El TJUE ha dicho que España debe hacer más para evitar abusos en la figura del trabajador temporal, pero no obliga a hacerlo de una manera u otra». También han defendido los principios de «igualdad, mérito y capacidad» como pilares constitucionales que garantizan el acceso al empleo público en España, basándose en la competencia profesional.
REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN SEIS PUNTOS
Desde Función Pública, se ha destacado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha estado trabajando en las últimas legislaturas para resolver un problema que se arrastra desde hace décadas. En 2021 se aprobó una ley para reducir la temporalidad en las administraciones públicas, validada por la Comisión Europea, que ha logrado que la tasa de temporalidad se haya reducido en seis puntos, de un 39% en 2023 a un 32,7% en la actualidad.
«Nunca antes se había hecho una reforma tan profunda contra la temporalidad en el sector público: límites claros a la temporalidad, controles, responsabilidades y procesos masivos de estabilización», han reivindicado.
Además, han afirmado que España ha superado el objetivo comprometido con la Comisión Europea de cubrir al menos 300.000 plazas en los tres niveles de la Administración que antes estaban ocupadas por temporales, logrando un total de 419.756 plazas estabilizadas. También han convocado una media de 32.522 plazas de empleo público al año entre 2018 y 2025, en contraste con los recortes de la etapa anterior del Partido Popular.
De esta manera, el sector público español ha creado un total de empleo público neto cifrado en 381.257 personas entre 2021 y 2026, lo que representa un incremento del 14,11%. Según Eurostat, España es el Estado miembro de la Unión Europea que más empleo crea, concentrando el 41% del total del empleo creado.
UN PROBLEMA QUE AFECTA A CC.AA. Y ENTIDADES LOCALES
Desde el Gobierno han comentado que el problema de la excesiva temporalidad afecta especialmente a comunidades autónomas y entidades locales, donde las tasas de empleados eventuales son del 40% y 36%, respectivamente. Los sectores educativo y sanitario son los que concentran las mayores tasas de temporalidad, mientras que en la Administración General del Estado se cumplen los requisitos de temporalidad, con solo el 4,7% de trabajadores con contrato eventual.
El Ejecutivo ha reconocido que aún queda trabajo por hacer en esta área, por lo que ha propuesto incluir medidas adicionales en el proyecto de ley orgánica de reforma de las carreras judicial y fiscal, así como en la Ley de Función Pública de la Administración del Estado, ambas actualmente en tramitación parlamentaria.
