MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) – El juez que investiga el ‘caso Leire Díez’ tiene previsto realizar este miércoles las primeras declaraciones de la causa, comenzando con los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda, quienes comparecerán como testigos tras denunciar un posible intento de soborno por parte de la exmilitante socialista.
Además, el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid ha convocado a Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil investigado en el ‘caso Koldo’, para que testifique sobre si Díez le habría ofrecido protección y favores a cambio de información sobre el Instituto Armado.
Stampa, conocido por haber sido uno de los fiscales de Anticorrupción en el ‘caso Villarejo’, y Grinda, fiscal del ‘caso 3%’, presentaron denuncias por esos presuntos hechos ante la Fiscalía, que pidió al juez que las incorporara a la causa. Aunque el instructor se opuso al principio, luego aceptó dicha petición.
En su denuncia, el fiscal Stampa explica que mantuvo una reunión el pasado 7 de mayo con Díez y el empresario Javier Pérez Dolset, también investigado en este procedimiento. Durante esta reunión, Díez y Pérez Dolset insinuaron que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «había dado la orden de limpiar, sin límite», a raíz de la investigación judicial que afecta a su esposa, Begoña Gómez.
«LA PERSONA DEL PSOE»
Stampa afirma que, al preguntarle a Díez quién era, ella le respondió que era «la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo eso». Cuando le consultó sobre a qué se refería, la exmilitante socialista aseguró que se trataba de «las irregularidades en informes policiales y de los fiscales anticorrupción».
En su denuncia, Stampa indica que no le propusieron «ninguna actuación de naturaleza delictiva de forma directa», pero sí le preguntaron «en varias ocasiones, tan insistente como veladamente, por irregularidades» que pudiera conocer de tres fiscales anticorrupción específicos. La reunión concluyó sin que los asistentes lograran acceder a ninguna «información» de su parte.
Los convocantes buscaron disculparse por el trato «injusto» que recibió Stampa durante su salida de la Fiscalía Anticorrupción en octubre de 2020. Le habían citado a través de un tercero y le aseguraron que la reunión sería con una persona que actuaba de intermediaria, el empresario Javier Pérez Dolset, junto al (entonces) secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
«LAS MÁS ALTAS INSTITUCIONES»
Por su parte, el fiscal anticorrupción Grinda denunció que un periodista le ofreció un «soborno» respaldado por «las más altas instituciones o personas del Estado», mencionando a «Leire», para que tumbara varias causas a cambio de un destino en el extranjero y de neutralizar una demanda en su contra.
Grinda, que presentó la denuncia a Luzón, relata que se reunió con su amigo Pere Rusiñol, también investigado, el 27 de febrero en una terraza de Madrid, donde se le dicha que «tenía una propuesta de alguien». Entre las peticiones, se solicitaba archivar varias causas, así como reconocer que habían sido consecuencia de actuaciones abusivas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
«ACTUACIÓN DELICTIVA, CONTINUADA Y COORDINADA»
El comandante Villalba ha sido llamado por el juez Arturo Zamarriego después de que Hazte Oír denunciara que Díez se reunió con él en marzo de este año «para ofrecerle protección judicial y un puesto en la Dirección General de la Guardia Civil a cambio de información sensible para desmontar la Guardia Civil y echar por tierra las causas judiciales que afectan al partido socialista».
Los tres investigados —Díez, Pérez Dolset y Rusiñol— están citados a declarar el próximo 11 de noviembre por supuestos delitos de tráfico de influencias y cohecho, en una causa que se abrió tras la aparición de audios en los que se escucha a la exmilitante del PSOE ofrecer favores a cambio de información comprometedora contra miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) y de la Fiscalía.
El Ministerio Público y el juez instructor consideran que Díez «lidera» una «actuación delictiva, continuada y coordinada» con Pérez Dolset y Rusiñol para recabar información con el fin de «anular o malbaratar» las investigaciones que afectan a políticos y empresarios.
