Lima (EFE) – La expresidenta de Perú, Dina Boluarte, declaró este viernes que no tiene intenciones de buscar asilo ni de abandonar el país, después de haber sido destituida el jueves por el Congreso. Boluarte enfatizó que no es «responsable de ninguno» de los casos que la Fiscalía la investiga.
Boluarte ofreció un breve pronunciamiento a los medios que la esperaron durante todo el día en la puerta de su vivienda, en el distrito limeño de Surquillo, para ratificar su intención de permanecer en el país. «Desde ayer y desde esta mañana se ha estado indicando a través de los medios de comunicación que estaba no habida o había buscado asilo, nada de ello es cierto, estoy en mi hogar», sostuvo.
La exgobernante, quien estuvo acompañada por uno de sus abogados, Juan Carlos Portugal, compartió que llegó a su residencia alrededor de las 3 de la madrugada de este viernes y que luego estuvo descansando. «No está siquiera en el más mínimo pensamiento, ni mi sentimiento patriótico, dejar el país», reiteró, asegurando que se siente «tranquila» con su «conciencia».
Durante la noche del jueves, tras conocerse su destitución en el Congreso, circularon rumores sobre la posibilidad de que Boluarte buscara asilo en embajadas de países como Argentina, Brasil o Ecuador. Sin embargo, Portugal desmintió estos rumores en ese momento. A pesar de la desmentida, decenas de personas se congregaron frente a la Embajada de Ecuador en Lima para protestar y tratar de impedir el ingreso de la ahora exgobernante a esa sede diplomática.
No se siente responsable de delitos
Este viernes, el Poder Judicial de Perú informó que el próximo miércoles evaluará una petición presentada por la Fiscalía para prohibir que Boluarte salga del país hasta por tres años mientras se le investiga por denuncias de presunta corrupción y violaciones a los derechos humanos. El fiscal general peruano, Tomás Gálvez, formuló esta solicitud en tres de al menos once investigaciones que enfrenta la destituida mandataria.
Boluarte rechazó tener responsabilidad en las acusaciones en su contra y reafirmó su decisión de no salir del país, mencionando: «Aquellos casos que están en investigación en el Ministerio Público, no soy responsable de ninguno de ellos». Además, ratificó que se encuentra en calma y seguirá «permanentemente en el país».
La Fiscalía ha solicitado 18 meses de impedimento de salida por las investigaciones relacionadas con una presunta negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.
Dina Boluarte deberá responder ante la Justicia
Además, se ha solicitado un impedimento de salida de 36 meses como parte de las indagaciones por un supuesto lavado de dinero para pagar una reparación civil a Vladimir Cerrón, líder del partido marxista Perú Libre, con el cual Castillo y ella ganaron las elecciones de 2021.
Entre los hechos más graves que se le imputan a la exmandataria está la muerte de al menos 49 personas durante la represión de las protestas que se desataron en el país entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, tras asumir la presidencia luego de la destitución de Pedro Castillo, de quien era vicepresidenta, tras un fallido intento de golpe de Estado de este.
Boluarte también está bajo investigación por supuestamente recibir regalos lujosos como relojes Rolex y joyas no declaradas, así como por no informar que estaría impedida físicamente para ejercer el cargo cuando se sometió a una serie de cirugías estéticas, y por falsificar la firma en varios decretos durante su convalecencia.
La primera mujer en ocupar la presidencia de Perú fue destituida de manera exprés por el Congreso durante la madrugada del viernes, tras perder el apoyo de los partidos de derecha que la sostenían en el poder, en medio de su notable impopularidad, con un 3 % de aceptación entre los peruanos según varios sondeos, y en el contexto cercano de las elecciones generales convocadas para abril de 2026.
Abogado de Boluarte dice que su destitución fue legal, pero «arbitraria e irrazonable»
Por su parte, el abogado Juan Carlos Portugal, defensor de la expresidenta, afirmó que el procedimiento del Congreso para destituirla fue legal, aunque lo consideró «arbitrario e irrazonable». «En ninguna parte del mundo se comunica a las 10:50 que tenemos que asistir a las 11:30 a ejercer nuestro derecho a la defensa», declaró Portugal a periodistas, explicando que por tal motivo decidieron no asistir a la citación que les hizo el pleno del Congreso, considerando que no podían «convalidar un vicio como ese».
Portugal también consideró que las decisiones del Congreso, especialmente en un período cercano a elecciones, como las programadas para abril próximo, «no son razonables» y más bien «son de termómetros electorales». «La respuesta del Congreso no ha sido la más feliz ni democrática», agregó.
El abogado, que estuvo reunido con la exgobernante durante varias horas en su vivienda, aseguró que Boluarte se encuentra «tranquila» y decidió ofrecer una breve declaración a la prensa «para finalmente dilucidar esas especulaciones en torno a un asilo».
Asimismo, informó que la exmandataria no asistirá a la citación del Poder Judicial programada para el próximo miércoles, donde se discutirá la solicitud de la Fiscalía para imponerle hasta tres años de impedimento de salida del país. Señaló que dichos pedidos son parte del procedimiento habitual de la Fiscalía para lograr «el aseguramiento de la persona en su lugar de residencia».
