El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha decidido imponer una sanción de 3.600.902 euros a Alquiler Seguro, tras la apertura el pasado marzo de un expediente sancionador por parte del Departamento que dirige Pablo Bustinduy.
Según la Secretaría General de Consumo y Juego del Ministerio, esta sanción se debe a los cobros a inquilinos denunciados por Facua-Consumidores en Acción y a otras irregularidades detectadas durante la investigación de las prácticas de la inmobiliaria. Facua ha confirmado este viernes la resolución en un comunicado difundido a los medios.
Hace unos meses, el Ministerio de Consumo abrió un expediente sancionador a una “gran agencia inmobiliaria” por prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler a nivel nacional, pero sin revelar inicialmente el nombre de la empresa. Posteriormente, Facua informó que la compañía afectada era Alquiler Seguro, a la que denunció en noviembre de 2023 por imponer el pago de honorarios a los inquilinos, una práctica prohibida por la legislación vigente tras la promulgación de la ley de vivienda.
En la resolución, que Consumo ha comunicado a Facua, como establece la ley al estar personada como parte en el procedimiento, se han desestimado las trece alegaciones presentadas por Alquiler Seguro.
El expediente sancionador, firmado por el secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, detalla las numerosas irregularidades halladas en los contratos que la inmobiliaria formaliza con los arrendatarios. Entre las prácticas fraudulentas, se menciona la imposición de un supuesto servicio de atención al inquilino que enmascara el cobro a los arrendatarios de gastos que deberían ser sufragados por el propietario del inmueble, la obligación de contratar un seguro del hogar —responsabilidad que también recae en el arrendador— y un estudio de solvencia económica, así como limitaciones en el derecho de desistimiento del contrato e imposición de todos los gastos derivados de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales a los inquilinos, según ha indicado Facua.
Facua, la asociación de consumidores que fue la primera en denunciar a Alquiler Seguro, argumentó que la inmobiliaria obligó a los inquilinos a pagar el equivalente a un mes de renta más el 21% de IVA, justificando este cobro en la prestación de un “servicio de atención al inquilino” que incluía asesoramiento para la gestión de cambio de titularidad de suministros energéticos, asesoría jurídica sobre el contrato de alquiler e incluso la resolución de siniestros e incidencias, una gestión que en muchos casos corresponde al propio arrendador.
La resolución sancionadora concluye que la inmobiliaria ha cometido seis infracciones calificadas como “muy graves” y una considerada “grave”, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
Las seis infracciones “muy graves” han resultado en una multa de 1.000.000 euros, otra de 990.900 euros, tres de 500.000 euros y otra de 100.001 euros. La infracción grave ha sido sancionada con 10.001 euros. En total, la multa asciende a 3.600.902 euros.
La empresa ahora tiene la opción de presentar un recurso de alzada ante el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, antes de agotar la vía administrativa.
