La Comunidad de Madrid y la empresa pública Tragsa se reunirán este viernes para abordar las condiciones laborales de los efectivos de las Brigadas Forestales (BBFF) en el contexto de una huelga que comenzó el pasado 15 de julio. Ambas partes acuden con posturas firmes y enrocadas, lo que puede augurar un encuentro tenso y decisivo para el futuro de estos trabajadores.
A la cita, que tendrá lugar a partir de las 11:00 horas en la sede de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, se espera la asistencia del consejero Carlos Novillo y miembros de la dirección de Tragsa, para la cual se ha cursado una invitación a su presidente, Jesús Casas. Esta reunión se produce en un momento crítico, ya que las Brigadas Forestales han suspendido su huelga hasta el 25 de agosto debido a la «situación devastadora» ocasionada por los incendios en el país.
Estas brigadas, compuestas por aproximadamente 500 bomberos forestales (número que se reduce a 350 en temporada baja), son contratadas por Tragsa, cuyo accionista mayoritario es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El comité de empresa, formado por sindicatos como UGT, Firet y CGT, ha denunciado la precariedad y la temporalidad en el empleo, así como la falta de mejoras laborales, puesto que el convenio colectivo que rige su situación no se revisa desde 2008.
Entre las demandas más urgentes, los trabajadores solicitan la actualización de salarios, que han estado congelados desde 2010, así como la consideración de la peligrosidad y penosidad de su trabajo, que actualmente no les protege frente a agentes cancerígenos. Adicionalmente, plantean la necesidad de acabar con la temporalidad, dado que el 40% de la plantilla trabaja solo cuatro meses al año.
Una mesa de negociación
En esta reunión, el Gobierno regional propondrá a Tragsa la convocatoria de una mesa de negociación formal que incluya a todos los actores implicados, incluyendo representantes de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112). Sin embargo, la Consejería ha resaltado la «imposibilidad legal» de negociar condiciones salariales conforme a un informe de la Dirección General de Trabajo, que establece que si bien Tragsa no puede negociar un convenio colectivo sectorial, sí puede hacerlo con su convenio de empresa.
El pasado mes de julio, el Gobierno regional ya comunicó a los representantes de los trabajadores esta situación legal, advirtiendo que el nuevo encargo de servicios para el próximo año podría incluir mejoras, tales como la continuidad de los contratos durante 12 meses. A lo largo de estos días, Novillo ha reafirmado el compromiso de la Comunidad para ayudar a mejorar la situación de los trabajadores, indicándoles que son fundamentales para el equipo de más de 2.500 efectivos del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid.
Tragsa argumenta su posición
Por su parte, desde Tragsa han afirmado que no están legitimados para negociar un convenio colectivo sectorial autonómico. La empresa ha indicado que su actividad en la Comunidad de Madrid se lleva a cabo en el marco de encargos específicos y dentro del objeto social que les permite recuperar costos y cumplir con la normativa vigentes para empresas públicas.
En este sentido, han calificado el encuentro como «de todo punto razonable», señalando que permitirá analizar la evolución del encargo actual y su posible continuidad. Si la Comunidad de Madrid decidiera establecer un nuevo encargo con condiciones que mejoren la situación laboral, Tragsa se comprometería a respetar esas mejoras dentro de la legalidad y las normativas.
Esperanza y cautela entre los trabajadores
Rafael Fernández, bombero forestal y representante de UGT, ha manifestado que, aunque valoran positivamente la reunión programada, mantienen una postura cautelosa hasta ver resultados concretos. Recordó que el actual consejero era en 2018 director de ASEM112 y que muchos acuerdos firmados en ese momento aún no se han cumplido. Los trabajadores esperan que la Comunidad, bajo su responsabilidad, logre desbloquear la situación y abra una mesa de negociación que permita llegar a acuerdos beneficiosos.
La comunidad tiene en sus manos la decisión de renovar el encargo a Tragsa o asumir directamente la gestión, lo que podría ser la opción más favorable para los trabajadores en este contexto de reivindicaciones.
