El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha solicitado nuevamente al juez del Tribunal Supremo la
consideración de su libertad, argumentando que su prisión preventiva es «inconstitucional». Esta alegación se
fundamenta en que ha superado el plazo legal establecido sin que se hayan presentado pruebas en su contra.
En un recurso presentado, la defensa de Cerdán sostiene que «debería ser ineludible una decisión que acordase la
inmediata libertad» del exdirigente, dado que el plazo de siete meses otorgado para probar la hipótesis de corrupción
ha vencido. Según la defensa, las actuaciones realizadas han estado «viciadas de vulneraciones de derechos fundamentales».
A juicio de la defensa, mantener a Cerdán en prisión provisional «conlleva el riesgo de superar materialmente la
duración máxima de la prisión preventiva». Los abogados argumentan que ya no se encuentra en una fase «inicial»
del procedimiento que justifique tal medida, y que las fuerzas policiales han tenido suficiente tiempo para llevar
a cabo su investigación.
Desde los meses de febrero y marzo, cuando comenzaron las sospechas, hasta la fecha actual, han pasado más de
seis meses, un periodo que el legislador considera suficiente para concluir una investigación o asegurar que un
investigado no influya en la misma. «Es difícil imaginar que se pueda aceptar como legítimo y constitucional en
un sistema penal democrático que un ciudadano sea privado de libertad sin una mínima seguridad que justifique esta
medida tan drástica», añaden los letrados.
Los abogados de Cerdán también advierten de los «importantes riesgos» de la prisión provisional, que se basa en
pruebas cuyo origen y naturaleza son desconocidos, y de la realización de una investigación judicial sin límites
claros. También señalan que esto podría incriminar actividades propias de la participación política y desvirtuar
la proporcionalidad temporal de la medida.
Cerdán ingresó en la cárcel de Soto del Real (Madrid) el pasado 30 de junio. El Tribunal Supremo considera que
hay un riesgo de destrucción y alteración de pruebas, manipulación de testigos e incluso de que el imputado
mueva posibles fondos ocultos relacionados con la presunta trama de comisiones a cambio de adjudicaciones de
obra pública.
Semanas después, la Sala de Apelación negó el recurso interpuesto por Cerdán contra el auto que ordenaba su
prisión preventiva, la cual fue comunicada y sin fianza, debido a la posible comisión de delitos de
integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. En este contexto, el Tribunal
Constitucional analizará esta semana si admite a trámite el recurso de amparo presentado por Cerdán contra su
entrada en prisión preventiva.
