El abogado de Begoña Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado la suspensión de la declaración como investigada de la esposa del presidente del Gobierno, que estaba prevista para el próximo 11 de septiembre. La razón de esta petición es que Begoña Gómez tiene una cita fijada para ese día en Arona, Tenerife.
En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa hizo llegar la petición al Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, después de que el juez acordara imputar a Gómez por un presunto delito de malversación. Esta imputación está relacionada con la contratación de Cristina Álvarez como asesora personal de Begoña Gómez en Moncloa.
Antonio Camacho explicó que «este letrado tiene señalada, con anterioridad al señalamiento efectuado por el citado auto de 18 de agosto, declaración el día 11 de septiembre ante el Juzgado de Instrucción 1 de Arona». Por ello, solicita que se acuerde la suspensión de las declaraciones testificales programadas para esa fecha, estableciendo en su lugar una nueva fecha para su práctica. La defensa ha adjuntado el auto dictado por el juzgado canario, que confirma la cita como letrado para las declaraciones del 11 de septiembre a las 10:30 horas.
La citación de Gómez
El pasado 18 de agosto, el juez Peinado imputó a Begoña Gómez por un delito de malversación y le citó a comparecer nuevamente tras el pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Madrid. Esta decisión le ordenó centrar la investigación y fijar los indicios de responsabilidad que se podrían imputar a la asesora, aunque descartó que la malversación fuese uno de los delitos aplicables.
Begoña Gómez ha figurado hasta ahora como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo, en el marco de cuatro líneas de investigación. Estas incluyen el supuesto tráfico de influencias a favor de Barrabés, la gestión de Gómez en la cátedra y los dos másteres que codirigía en la Complutense, la apropiación indebida del ‘software’ de dicha cátedra y el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora.
La decisión del juez Peinado de imputar a Gómez por malversación supone un cambio de criterio respecto a lo que concluyó en mayo, cuando imputó al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por el mismo delito, descartando investigar a Gómez y Álvarez por considerarlas sin responsabilidad en el nombramiento.
