La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera insuficiente el alcance del Real Decreto-ley 2/2026 y el nuevo Plan Auto+. Aunque se consolidan la deducción del 15% en el IRPF hasta 3.000 euros para la compra de un coche eléctrico, y se facilita el acceso inmediato a las ayudas, la cuantía de estas últimas decrece y se eliminan las destinadas a la instalación de cargadores domésticos.
La sostenibilidad no puede ser un lujo accesible solo para los más privilegiados. OCU lleva años advirtiendo que el precio es el principal obstáculo para que la movilidad eléctrica sea una opción viable.
Menos subvención y eliminación del cargador doméstico
Lamentablemente, el Plan Auto+ no termina de afrontar este hecho, ya que el importe máximo de las nuevas ayudas a la compra se ha reducido de 7.000 a 4.500 euros, al eliminarse la oferta por el achatarramiento de un vehículo antiguo. Esta oferta no solo contribuía a sacar del mercado a los vehículos más contaminantes, sino también a reducir la edad media del parque móvil en España, que es una de las más altas de la Unión Europea y un factor de siniestralidad.
En cuanto a la ayuda adicional de 1.000 euros del concesionario, ya era habitual en muchas marcas.
A su vez, surge una nueva barrera como consecuencia de la eliminación de las ayudas a la instalación de cargadores domésticos: la dificultad de acceso a tarifas eléctricas económicas, condición imprescindible para afrontar la compra de un coche eléctrico, especialmente para las familias con rentas bajas.
Es más, la normativa sigue ignorando la situación de muchos hogares sin garaje y sin la posibilidad de tener una estación de carga.
Falta una red pública de recarga fiable
En este sentido, OCU echa en falta una estrategia nacional de recarga que garantice un acceso real y equitativo al vehículo eléctrico, especialmente dirigido a quienes carecen de una estación de carga propia. A día de hoy, la mayoría de las estaciones de carga de las ciudades pertenecen a compañías privadas y comparten tarifas bastante superiores a las ofrecidas a los hogares. Además, la red de recarga española sigue siendo pobre e irregular, incluso en los propios centros urbanos, donde no es raro encontrar estaciones de carga inoperativas.
OCU exige más presupuesto y control de precios en las ayudas al coche eléctrico
Por todo ello, OCU exige al Gobierno:
- Recuperar la ayuda por achatarramiento de un coche antiguo con motor de combustión, incrementando así el importe final de la ayuda y asegurando la renovación del parque automovilístico español.
- Volver a activar las ayudas a la instalación de cargadores domésticos, especialmente dirigidas a los hogares con rentas bajas.
- Desarrollar una Estrategia Nacional de Recarga que sea vinculante para todas las comunidades autónomas e impulse una red de cargadores públicos en las localidades, facilitando la carga a los hogares sin plaza de aparcamiento.
- Mejorar la información al consumidor, obligando a las marcas a publicar precios finales reales que integren ayudas y deducciones, ya que estos dependen de factores como el precio final del vehículo, el país de fabricación y ensamblaje de la batería y el tipo de motor (eléctricos e híbridos enchufables).
- Vigilar las posibles prácticas de incremento de precios en modelos subvencionables mediante controles periódicos del mercado.
- Aumentar los 400 millones de euros previstos para el Plan Auto+, que son claramente insuficientes y se agotarían en unos meses si se mantiene el porcentaje de vehículos enchufables vendidos hasta la fecha.
España carece de una estrategia nacional de carga que garantice un acceso justo, especialmente para los conductores sin estaciones privadas. La mayoría de los cargadores urbanos son de propiedad privada, más caros que las tarifas domésticas. Según OCU, la red sigue siendo escasa y poco fiable.
Desde la OCU instan a restablecer los incentivos para la retirada de vehículos y los cargadores domésticos, así como a ampliar la financiación, aplicar precios transparentes y reforzar la supervisión del mercado. Asimismo, advierten sobre la necesidad de adoptar una estrategia nacional de carga vinculante.
