Un informe reciente calcula la dimensión potencial de los daños globales ocasionados por estructuras ya existentes y las planeadas. En Brasil, sede de esta trigésima conferencia mundial del clima (COP30), las autoridades ambientales, con el aval del Gobierno federal, aprobaron la exploración de petróleo en una zona próxima a la desembocadura del río Amazonas, de alto valor biológico.
El informe, elaborado junto al Better Planet Laboratory de la Universidad de Colorado, revela que la cercanía a instalaciones de carbón, petróleo y gas no es solamente una medición geográfica.
Derechos humanos y ecosistemas: los impactos del ciclo de vida del petróleo, gas y carbón
«La constante expansión de la industria de los combustibles fósiles está poniendo en peligro miles de millones de vidas y alterando irreversiblemente el sistema climático», declaró Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
La Universidad de Colorado, a través de su departamento ‘Better Planet Laboratory’, mapeó el grado de exposición de las poblaciones a las infraestructuras de combustibles fósiles, así como las emisiones globales diarias de gases contaminantes.
Los datos recopilados aseguran que, entre las personas que viven a menos de cinco kilómetros de instalaciones petroleras o similares, figuran 520 millones de niños expuestos al impacto medioambiental.
Además, se menciona que «el sector de los combustibles fósiles sigue en expansión», lo cual podría poner en riesgo al menos a 135 millones de personas más en los próximos años.
En especial, se señala que «el número de centrales y minas de carbón está aumentando principalmente en China y en India», y también se alerta de que más del 16 % de las infraestructuras de combustibles fósiles del mundo se encuentran en territorios indígenas.
Llamamiento a medidas “robustas y vinculantes” contra la expansión fósil
El informe incluye entrevistas con cerca de un centenar de personas afectadas, como pescadores artesanales de Brasil, defensores de tierras indígenas en Canadá o miembros de comunidades costeras en Senegal.
Los datos obtenidos se cruzaron después con investigaciones anteriores contra gigantes del sector de petróleo y gas en Ecuador, Colombia y Nigeria.
Las conclusiones, asegura Amnistía Internacional, «subestiman las verdaderas dimensiones globales de esa exposición, debido a lagunas en la documentación de los proyectos y a las limitaciones en los censos de diversos países» analizados.
En este sentido, la COP30, acogida por Brasil, adquiere una importancia especial: no solo se discuten emisiones, adaptación y financiamiento climático, sino también el impacto humano y de derechos que conlleva la infraestructura del modelo energético actual.
Las conclusiones, asegura Amnistía Internacional, «subestiman las verdaderas dimensiones globales de esa exposición, debido a lagunas en la documentación de los proyectos y a las limitaciones en los censos de diversos países» analizados.
Este mensaje exige que los debates en la COP30 incluyan —como subraya Amnistía— a los pueblos más afectados: indígenas, comunidades tradicionales y activistas, que suelen estar en primera línea de la defensa de los territorios y que sufren con mayor intensidad los impactos de los combustibles fósiles.
