El empresario Víctor de Aldama ha revelado durante su declaración como investigado en el ‘caso hidrocarburos’ que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, le entregó un sobre de la petrolera PDVSA que contenía información sobre la presunta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista.
Fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio han indicado que el comisionista del ‘caso Koldo’ mencionó que dicha información está relacionada con el sector de los hidrocarburos, aunque no con Villafuel, la empresa central de esta causa que se sigue en la Audiencia Nacional.
Según las mismas fuentes, ha sido la Fiscalía Anticorrupción la que ha mostrado interés en la presunta financiación irregular del PSOE. Aldama ha optado por no dar detalles sobre el contenido del sobre y ha emplazado al Ministerio Público a llegar a un acuerdo para profundizar más en este tema.
Cabe recordar que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil reveló en uno de sus informes que Aldama dejó en custodia a Luis Alberto Escolano, su hombre de confianza, «documentación sensible» relacionada con la PDVSA.
Los investigadores han señalado que en la fotografía reenviada por Escolano a Aldama se aprecia el sellado de la recepción del sobre. «Este sellado, correspondiente a la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, indica la recepción del sobre por parte de Víctor de Aldama el día 4 de febrero de 2020», han reseñado.
Además, las fuentes consultadas indican que Aldama aseguró que hubo una reunión con el expresidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y con el exasesor ministerial Koldo García, quienes estaban interesados en obtener unos depósitos fiscales en las islas.
Aldama declaró ante el juez que asistió a esta reunión con el empresario Manuel Salles —también investigado—, aunque aclaró que este asunto no tiene relación con Villafuel y que la cuestión de los depósitos no avanzó.
Ronda de Citaciones
La Audiencia Nacional citó esta semana a declarar a Juan Ignacio Díaz Bidart y Marc Pons, quienes eran jefes de gabinete de las exministras Reyes Maroto y Teresa Ribera, respectivamente, además de a Aldama, Carmen Pano y su hija, Manuel García, director general de Política Energética y Minas, y Manuel Salles, administrador de una empresa. También se citó a Álvaro Gallego, quien pudo estar relacionado con 108.500 euros retirados en efectivo.
La UCO informó que el empresario Claudio Rivas —quien se negó a declarar como investigado este miércoles— era, junto a Aldama, el presunto cabecilla de la trama, señalando que ambos «ostentaban la decisión, el control y la coordinación de ambas estructuras».
La Guardia Civil apuntó en su último informe que la trama de hidrocarburos no solo habría conseguido infiltrarse en la cúpula del Ministerio de Transportes, cuando lo dirigía José Luis Ábalos, sino también en las áreas de Industria, Comercio y Turismo, y Transición Ecológica y Reto Demográfico, respectivamente a cargo de Maroto y Ribera.
Esta infiltración habría sido orquestada a través de Aldama, «persona con acceso al entorno» de Ábalos, con el objetivo de «influir en la resolución administrativa por la cual se otorgaría a Villafuel la autorización para operar en el mercado mayorista de los hidrocarburos, a pesar del incumplimiento de los requisitos legalmente exigidos» y «todo ello a cambio de una contraprestación económica».
