Archivo – El expresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de Junts, Carles Puigdemont, ofrece declaraciones a los medios, a 24 de enero de 2026, en Perpiñán (Francia). – Glòria Sánchez – – Archivo
MADRID, 20 sep. – El Tribunal Constitucional (TC) comenzará este martes a estudiar los recursos de amparo presentados por dirigentes independentistas contra la negativa del Tribunal Supremo a aplicarles la ley de amnistía en el caso de la malversación, un delito que los magistrados que investigaron y juzgaron a la cúpula del ‘procés’ consideran que no reúne las condiciones para ser perdonado. Entre los afectados se encuentra el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, quien enfrenta una orden de detención desde su huida a Bélgica en 2017.
El año pasado, la corte de garantías avaló la ley de amnistía, rechazando los recursos de inconstitucionalidad presentados mayoritariamente por el Partido Popular. Ahora, el Constitucional deberá responder a Puigdemont y a los exconsejeros de su Ejecutivo ante la interpretación realizada por el Supremo para no beneficiarlos: la apreciación de un propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial por su actuación en el proceso independentista.
La deliberación sobre estos recursos de amparo llega tras el respaldo de la medida de gracia por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que eliminó otro argumento del Supremo para no conceder la amnistía: que el referéndum ilegal afectó a los intereses financieros de la Unión Europea.
Para iniciar el proceso, el TC tiene previsto abordar este martes el recurso de amparo del exconsejero y actual secretario general de Junts, Jordi Turull, en un pleno cuyo ponente será el magistrado José María Macías, del sector conservador y que se opone a amnistiar la malversación, en línea con el Supremo.
El Supremo mantiene su negativa
El Constitucional vuelve a entrar en escena con la amnistía, pocos días después de la decisión del Supremo de rechazar la petición de Puigdemont, quien sigue en proceso judicial porque no fue juzgado debido a su huida, para que se le amnistíe tras la sentencia del TJUE.
El magistrado instructor del ‘procés’, Pablo Llarena, también decidió no levantar la orden nacional de detención en su contra, subrayando que la postura del TJUE no resolvía el propósito de obtener un beneficio personal que él apreció en el ‘procés’. Además, Llarena hizo hincapié en que las sentencias del TC sobre la constitucionalidad de la amnistía no abordaron la aplicación discutida del beneficio personal.
Estas resoluciones, argumentó, «no han dejado sin efecto la interpretación del beneficio personal realizada en esta causa, aunque tampoco constituyan una validación específica de esa interpretación». Sobre la petición de levantar la orden nacional de detención, Llarena indicó que se había formulado como consecuencia del archivo, doble persecución o aplicación de la amnistía. Por lo tanto, al no prosperar, no procedía el alzamiento de la medida por esos motivos.
La incógnita del regreso
Sin embargo, Llarena advirtió de que su negativa «no declara irrevisables las medidas ni convierte la falta de amnistía en una justificación suficiente de cualquier restricción cautelar», sino que «se limita a rechazar el levantamiento por las razones ahora formuladas, sin excluir el examen que proceda ante otras circunstancias concretas».
Fuentes del Supremo señalaron que Llarena agilizará su decisión sobre aplicar la amnistía a Puigdemont cuando conozca los detalles de la sentencia que el Constitucional dictamine sobre el recurso de Turull y la argumentación que adopte sobre el supuesto beneficio patrimonial asociado al delito de malversación.
Si el Constitucional responde favorablemente al recurso de Turull, extendiendo la medida de gracia a esa forma de malversación y al resto de procesados, Llarena no esperará a que el TC dicte sentencia sobre el recurso de Puigdemont para decidir si se aplica la ley.
El levantamiento de la orden de detención permitiría a Puigdemont regresar a España sin miedo a ser arrestado, aunque desde su partido evitan especular al respecto por ahora. «No participamos de estos rumores. Somos prudentes en este sentido. Queremos ver las sentencias y esperamos que sean lo más rápidas posible», manifestó esta semana en rueda de prensa el portavoz de Junts, Josep Rius.
Rius también reiteró su petición a los tribunales para que apliquen «de una vez por todas» la ley de amnistía aprobada en el Congreso de los Diputados en mayo de 2024 y refrendada por la justicia europea.
