– Juanma Serrano – Archivo
BRUSELAS, 19 Sep. (Europa Press) – El Gobierno de España busca reactivar la reivindicación para que el catalán, euskera y gallego sean reconocidos como lenguas oficiales de la Unión Europea, tras más de un año sin avances en Bruselas. Esta vez, lanzará un ultimátum el próximo martes al resto de países de la Unión, advirtiendo que sería inaceptable para España permitir la adhesión de nuevos socios mientras no se oficialicen estas tres lenguas. Sin embargo, a falta del debate formal, la mayoría de las capitales consultadas han recibido con frialdad la amenaza de veto.
Un alto cargo de un Estado miembro reticente a la petición española afirmó que «es una amenaza vacía», señalando que el proceso de ampliación está «bloqueado» porque hay varias capitales que frenan el avance por distintas razones. En este sentido, la fuente indicó que «un potencial chantaje de España es una amenaza vacía».
Otras fuentes diplomáticas subrayan que la cuestión de la adhesión es un proceso «basado en los méritos» de cada país candidato y no está relacionada con las lenguas cooficiales, advirtiendo que enmarcar la petición española en el ámbito de la ampliación «no ayudará al debate».
No se toma en serio
Desde otro país socio se afirmó que «no ayuda» a la ampliación inmiscuir «asuntos de política doméstica», refiriéndose a los compromisos que el Gobierno pactó con Junts a cambio de su apoyo para la investidura de Pedro Sánchez.
«Nada ha cambiado, no hay muchos Estados miembros que se tomen muy en serio la amenaza», señalaron desde otra delegación a pocos días de que España plantee sus argumentos ante el resto de socios de los Veintisiete. No se puede dar por hecho que habrá un debate entre ministros, ya que el punto está previsto en la agenda como un «punto varios».
El formato elegido por España permitirá a un Estado miembro pedir la palabra para informar sobre un asunto, pero no se tomarán decisiones de fondo. Otros ministros o representantes del Consejo y de la Comisión Europea podrán intervenir, pero no garantiza ninguna intervención, como sí sucede cuando los asuntos se incorporan como puntos de debate.
A la espera de detalles
Así las cosas, el resto de Estados miembros se mantiene a la expectativa de conocer cómo defiende España su vínculo para vetar una eventual ampliación de países como Montenegro o Albania, que son los más avanzados en el proceso, si no se incorporan las lenguas cooficiales al reglamento comunitario.
Además, todas las delegaciones consultadas indican que sus posturas se mantienen sin cambios desde que, hace más de un año, el Gobierno intentó un acuerdo que requiere la unanimidad de los Veintisiete.
En julio de 2025, bajo la presidencia danesa del Consejo de la UE, tuvo lugar una «discusión exhaustiva en la que no fue posible llegar a un acuerdo», según recuerda un alto diplomático de uno de los Estados miembros que están abiertos a considerar la demanda española.
En aquel momento, el debate duró casi una hora y fue tenso y asertivo, según fuentes diplomáticas. España se encontró con el rechazo claro de una decena de países, con Alemania, Italia y Países Bajos a la cabeza, debido a las dudas jurídicas, financieras y operativas que la reforma genera, consideraciones que siguen sin resolverse un año después.
El Gobierno defiende que cuenta con una «amplia mayoría» de apoyos entre sus socios. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, afirmó hace pocos días que las «reticencias que quedan por parte de algunos Estados son exclusivamente políticas y partidistas».
En este contexto, la estrategia del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha consistido en contactar bilateralmente con las capitales para abordar por separado las claves de la reforma que plantea para la oficialidad de las lenguas cooficiales, incluido el compromiso de que sea España quien asuma el coste de su implantación. Por ello, no ha habido discusiones a nivel de Veintisiete ni siquiera a nivel técnico en Bruselas para medir si estos diálogos han tenido algún fruto.
