– Fred Guerdin/EU Commission /dpa – Archivo
BRUSELAS 19 de mayo – Los negociadores del Consejo y del Parlamento Europeo intentan cerrar este martes un acuerdo que respalde el pacto comercial negociado entre Washington y Bruselas. Este pacto implica que la Unión Europea renuncia a imponer contramedidas siempre que Estados Unidos limite a un 15% los aranceles a la mayoría de importaciones europeas. Este proceso se desarrolla a contrarreloj, ya que el aval debe llegar antes del 4 de julio, fecha fatal establecida por Donald Trump para imponer más gravámenes si se frustra el acuerdo.
Los colegisladores se reunirán a última hora de este martes en Estrasburgo (Francia), coincidiendo con el pleno de la Eurocámara. Será el tercer encuentro entre negociadores, después de que el intento anterior, el pasado 7 de mayo, concluyera con «buenos avances» pero sin que se resolvieran todas las diferencias.
«Avanzamos considerablemente en la cuestión del mecanismo de salvaguarda y en la revisión y evaluación del reglamento principal, pero aún queda camino por recorrer», afirmó el negociador jefe de la Eurocámara y presidente de la comisión de Comercio Internacional, el socialista Bernd Lange.
Aunque es posible que haya más rondas de negociaciones si no se llega a un acuerdo esta noche, el calendario se complicará, ya que lo pactado entre negociadores deberá ser adoptado por los Veintisiete y superar el voto formal del pleno del Parlamento Europeo en una próxima sesión.
El presidente de Estados Unidos advirtió el pasado 7 de mayo, en una llamada con Ursula von der Leyen, que daba a la Unión Europea un plazo hasta el 4 de julio para cumplir con los términos del pacto arancelario o, de lo contrario, los aranceles «subirían inmediatamente a niveles mucho más altos».
SALVAGUARDAS PARA PAUSAR EL ACUERDO SI EEUU NO CUMPLE
La posición de los eurodiputados condiciona su apoyo al llamado Acuerdo de Turnberry a que no haya más intentos de coerción desde la Casa Blanca. Exigen que este acuerdo incluya cláusulas de suspensión si Washington impone nuevos gravámenes o dirige nuevas amenazas económicas contra países de la Unión Europea, como ocurrió cuando varias capitales respaldaron a Dinamarca en la crisis por Groenlandia.
Defienden, en concreto, el refuerzo de la «cláusula de suspensión» para poder poner en pausa el acuerdo si Estados Unidos impone nuevos aranceles adicionales o intenta ejercer presión económica sobre el bloque para influir en su toma de decisiones.
Los eurodiputados también reclaman que la Comisión Europea pueda proponer la suspensión total o parcial de todas las preferencias comerciales si Estados Unidos supera el límite del 15% acordado para las tasas generalizadas o activa nuevas medidas arancelarias contra sectores hasta ahora no afectados.
Además, esta palanca de suspensión debería poder activarse ante situaciones que socaven los objetivos del acuerdo, discriminen a los operadores económicos de la UE, amenacen la integridad territorial o las políticas exterior o de defensa de los Estados miembros, o ejerzan coerción económica.
Otra de las condiciones establecidas por los eurodiputados para aprobar la dimensión comercial del acuerdo, anunciado el pasado verano en Escocia por Trump y Von der Leyen, es la introducción de una «cláusula de aplicación». Esta cláusula estipula que el nuevo marco arancelario solo será efectivo si Washington respeta plenamente los compromisos adquiridos.
Es importante destacar que el «Acuerdo de Turnberry» prevé un tope del 15% de arancel generalizado sobre las producciones europeas, a cambio de que la UE renuncie a responder con medidas recíprocas. Sin embargo, este límite excluye el acero y aluminio europeos, que siguen sujetos a una tasa del 50%.
Por último, el controvertido acuerdo que la presidenta de la Comisión Europea concertó con Trump también incluye compromisos de la Unión que van más allá de la política comercial de la que Bruselas tiene competencias. Estos compromisos comprenden compras de energía por valor de 750.000 millones de dólares a Estados Unidos e inversiones en ese país por valor de 600.000 millones más. Estas disposiciones no se recogen en las propuestas legislativas que negocian los colegisladores, ya que tras
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