
MADRID, 26 Abr. – El Partido Popular (PP) ha solicitado explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez por la decisión de utilizar la empresa pública Tragsa para gestionar la regularización «masiva» de inmigrantes. Según el PP, este proceso debería ser llevado a cabo por funcionarios y no externalizado a través de una entidad pública.
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha declarado que «el Gobierno ha colapsado la Administración por aprobar este decreto de regularización sin aportar los medios y recursos suficientes para atender más de un millón de solicitudes que se prevé que se presenten. Han generado un colapso y, a través de este, se va a provocar un coladero».
Gamarra también ha criticado el uso de Tragsa como una «improvisación» del Gobierno, subrayando que «no es legal» ya que la entidad «no tiene competencias para hacerlo». Ha enfatizado que los mismos funcionarios y sindicatos han advertido que este tipo de revisiones deben ser realizadas por quienes tienen autoridad pública.
UN COLADERO DE DELINCUENCIA
La dirigente del PP ha argumentado que la regularización de migrantes «será un coladero de delincuencia», a raíz del colapso administrativo provocado por el decreto. Gamarra ha afirmado que el Gobierno ha demostrado que su única estrategia se basa en la improvisación y la falta de escucha, asegurando que su respuesta es victimizarse y culpar a otros por su incompetencia.
Asimismo, los ‘populares’ han criticado que el Gobierno, en lugar de reforzar las plantillas de funcionarios, ha optado por un «plan de choque» que incluye la realización de horas extraordinarias y la externalización de funciones, lo que aumenta la presión sobre unos servicios públicos que ya están tensionados.
DENUNCIA DEL VETO A LA ENMIENDA DEL PP QUE PEDÍA REFORZAR PLANTILLAS
El PP también ha denunciado que el Gobierno vetó una enmienda que había sido aprobada por el Senado en la Ley de Multirreincidencia, la cual buscaba reforzar las plantillas para abordar la regularización. Según el PP, el Ejecutivo justificó el veto alegando que la exigencia de un certificado de antecedentes penales para potenciales autorizaciones de estancia y trabajo temporales requeriría la incorporación de aproximadamente 400 nuevos funcionarios en las brigadas provinciales de extranjería, con un coste estimado cercano a 17 millones de euros.
En este contexto, el PP ha exigido al Gobierno que explique cómo justifica el veto a la enmienda mientras que niega que la regularización masiva afecte a más de un millón de personas y que no tenga impacto presupuestario. Para el PP, esto evidencia una contradicción difícil de justificar.
BATERÍA DE PREGUNTAS EN EL CONGRESO: COSTE TOTAL DEL PLAN DE CHOQUE
El Grupo Popular ha presentado una serie de preguntas en el Congreso, firmadas por Gamarra y otras portavoces, donde se solicita al Gobierno que aclare la planificación de recursos humanos llevada a cabo para este proceso, así como el número de efectivos adicionales que se prevé incorporar en las brigadas de extranjería y otros servicios afectados.
Además, el PP demanda conocer el coste total del plan de choque, que incluye horas extraordinarias, ampliaciones de jornada y externalizaciones, y cómo se compara con lo que tendría que costar una planificación estructural del personal.
Finalmente, el PP pide al Gobierno que explique por qué recurrir a la externalización de funciones mediante entidades como Tragsa, en vez de optar por el refuerzo estable de las plantillas. También se cuestiona qué evaluación se ha realizado sobre el impacto del proceso en la carga de trabajo y la calidad del servicio en las unidades implicadas, y qué medidas se tomarán para evitar lo que las organizaciones sindicales han advertido como un posible colapso operativo.
Entre las preguntas formuladas, el PP también inquiere si el Gobierno cuenta con un informe sobre la capacidad operativa de las comisarías de la Policía Nacional para evitar un colapso en las unidades de extranjería y documentación, el cual podría verse afectado por el incremento de carga de trabajo por la regularización extraordinaria.
