El análisis titulado ‘Cuando el lobby fósil rebaja la ciencia: desregulación y captura corporativa en el giro climático de la UE hacia 2040’ examina la evolución de la normativa climática europea y el impacto de las leyes ómnibus aprobadas a lo largo de 2025. Este estudio compara los avances del Pacto Verde Europeo durante el mandato 2019-2024 con la estrategia del actual ciclo legislativo 2024-2029, marcado por el informe del político y economista italiano Mario Draghi sobre la competitividad europea.
Las recomendaciones científicas eran consideradas «óptimas a nivel climático, económico, social y laboral», pero el actual ciclo político ha «alterado el rumbo», transformando el compromiso europeo en «una estructura de contabilidad creativa» más que en una hoja de ruta de descarbonización real.
Las leyes ómnibus y la simplificación de la normativa ambiental
La Unión Europea formalizó este cambio en marzo de 2025 mediante la Declaración de Budapest, que consagró la desregulación bajo el concepto de ‘simplificación’. Esto representa una continuidad con la ortodoxia económica de corte neoliberal que plantea «riesgos significativos para la sostenibilidad ambiental».
La organización Ecologistas en Acción destaca que durante este año se han aprobado diez leyes ómnibus que modifican la normativa climática y ambiental, interrumpiendo la obligación de presentar informes de sostenibilidad, paralizando el reglamento de Diligencia Debida, posponiendo obligaciones ambientales relacionadas con baterías y simplificando requisitos sobre sustancias tóxicas, entre otras medidas.
Al renunciar a actuar «contundentemente», la UE incumple su «liderazgo internacional en el marco del Acuerdo de París» y envía una señal negativa a otros países al no implementar las medidas que a nivel internacional se exigen.
España ante la falta de objetivos propios de descarbonización
En el caso de España, la organización ecologista señala que no presenta objetivos específicos de reducción de emisiones, limitándose a asumir el objetivo europeo. Sin embargo, debería alcanzar la descarbonización de su economía para el año 2040.
El cambio de prioridades de la UE hacia la competitividad y la desregulación afectará inevitablemente a la política climática española, a través de una revisión de todos los programas y paquetes normativos del anterior ciclo legislativo, cuya modificación se pronostica para el tercer y cuarto trimestre de 2026.
Esto puede significar la modificación de las normativas climáticas y, sin una estrategia integral que priorice la justicia social y la protección ambiental, el Estado podría reproducir el mismo sistema que nos ha llevado a la crisis climática actual.
El cambio se formalizó en 2025 mediante políticas enmarcadas como ‘simplificación’, incluyendo leyes ómnibus que han debilitado los informes de sostenibilidad, retrasado las obligaciones ambientales y relajado las normas sobre sustancias peligrosas. La organización advierte que esto socava el liderazgo de la UE en el marco del Acuerdo de París.
En España, el estudio señala la falta de objetivos nacionales de emisiones más allá de las metas de la UE y advierte que futuras revisiones regulatorias podrían debilitar aún más la política climática sin un marco centrado en la protección ambiental y la justicia social.
