La desaparición de Acaí, un yaguareté emblemático, no solo representa la pérdida de un animal carismático, sino que también implica un retroceso significativo para un proyecto destinado a restaurar el papel del yaguareté como gran depredador en uno de los bosques secos más importantes de América del Sur, el Gran Chaco, región que actualmente sufre una presión alarmante debido a desmontes, incendios forestales y la expansión ganadera.
Qué se sabe de la desaparición
El 25 de octubre, el collar satelital de Acaí dejó de enviar posiciones. Días después, la señal de radio permitió localizar el dispositivo sumergido en el cauce del río Bermejo, sin rastro alguno del cuerpo del animal. Las autoridades de Parques Nacionales informaron sobre una posible interrupción intencionada del sistema de monitoreo e inmediatamente alertaron a la Justicia Federal y a las fuerzas de seguridad.
La Fundación Rewilding Argentina, que coordina el proyecto de reintroducción en colaboración con la Administración de Parques Nacionales (APN) y la provincia del Chaco, fue más allá de lo esperado. En un comunicado, calificaron el caso como “la matanza de Acaí” y sugirieron que la hipótesis más plausible es que el animal fue cazado y que su collar fue arrojado al río para ocultar pruebas. Organizaciones como Red Yaguareté respaldan esta interpretación y apuntan a posibles conflictos con ganaderos, el comercio clandestino de pieles o incluso el tráfico de animales vivos.
Por otro lado, la Fiscalía Federal de Sáenz Peña, bajo la dirección de Carlos Amad, adopta una postura más cautelosa. El fiscal enfatiza que no se puede dar por muerta a Acaí sin pruebas materiales y señala que la investigación incluye allanamientos, el secuestro de teléfonos móviles y el análisis de imágenes satelitales. “Queremos saber si hay alguna información útil que nos permita reconstruir qué ocurrió”, ha explicado, dejando claro que no se descarta ninguna línea de investigación.
La recompensa récord y lo que revela
La recompensa de 250 millones de pesos, la más alta en un caso de fauna protegida en la historia reciente del país, fue calculada a partir de un informe que valora el daño ambiental ocasionado por la desaparición de Acaí. Este documento toma en cuenta factores como el estado crítico de la especie, su máxima protección legal como Monumento Natural Nacional y los costos de conservación necesarios para revertir la situación actual.
El mensaje es claro: matar un yaguareté no es un “daño colateral” en la vida rural, sino un delito ambiental grave cuya condena puede alcanzar hasta cinco años de prisión. Sin embargo, la experiencia demuestra que la ley por sí sola no es suficiente. Si ningún vecino se atreve a hablar a pesar de una recompensa capaz de transformar la economía de toda una comunidad, algo falla en la relación entre los proyectos de conservación y la realidad del territorio.
Acaí se ha convertido en un símbolo incómodo, recordando que reintroducir grandes depredadores no es simplemente abrir una puerta de jaula en un parque nacional. Implica también acompañar a las comunidades rurales, mejorar la gestión del ganado, reforzar la presencia del Estado en zonas muy aisladas y asegurar que los que respetan la fauna no queden en desventaja frente a quienes actúan de forma ilícita.
Para el yaguareté, cada hembra cuenta. Para la sociedad, cada caso como el de Acaí plantea una pregunta fundamental: no es solo cuánto cuesta la pérdida de un animal emblemático en términos monetarios, sino cuánto estamos dispuestos a hacer, en la práctica, para evitar que vuelva a suceder.
El comunicado oficial ha sido publicado en “Yaguareté: compromiso institucional con los proyectos de conservación de la biodiversidad”.
