El Pleno del Congreso, con la abstención del PSOE, ha rechazado este jueves admitir a trámite la proposición de ley de Sumar que suponía una reforma de la Ley de Vivienda para prohibir que empresas, fundaciones, personas jurídicas o fondos de inversión puedan comprar casas en España. Esta medida ha generado un intenso debate sobre el estado del mercado inmobiliario en el país.
La propuesta fue respaldada por Esquerra Republicana (ERC), Bildu, Podemos, BNG y la diputada de Compromís, Águeda Micó, integrada en el Grupo Mixto. En contra votaron el PP, Vox, Junts, UPN y Coalición Canaria, mientras que el PNV se abstuvo al igual que el PSOE.
Durante el debate de la iniciativa el martes, Sumar defendió su propuesta argumentando que la compraventa de vivienda por parte de estos actores es más del doble que en el momento álgido de la burbuja de 2008. Alberto Ibáñez, portavoz de Vivienda de Sumar, quien promovió la iniciativa, criticó a la ministra Rodríguez por acciones como habilitar el número de teléfono 047 para resolver dudas sobre vivienda.
En el turno del PSOE, Gabriel Blanco afirmó que su grupo no se opondrá a debatir cualquier medida que busque solucionar el problema de la vivienda, pero subrayó que lo hará «desde el reconocimiento más profundo al trabajo que está desarrollando el Ministerio de Vivienda». Añadió que el Gobierno está haciendo un esfuerzo «inmenso» para poner fin a la crisis habitacional y pidió a Sumar que «respete» ese trabajo.
PNV y Junts mostraron sus dudas
La portavoz del PNV, Maribel Vaquero, expresó que la propuesta no debería ser una medida ilimitada, ya que esta complicaría su encaje en el ordenamiento jurídico actual. La diputada de Junts, Marta Madrenas, por su parte, indicó que la iniciativa de Sumar «no resuelve ningún problema», sino que podría generar una «restricción más» que acabaría bajando la oferta de vivienda y poniendo en riesgo promociones en curso.
PP y Vox censuraron la propuesta
El diputado del PP, Carlos Gil, criticó que la propuesta de Sumar «empeora aún más» la Ley de Vivienda, calificándola como una de las «más nocivas» implementadas por el Gobierno. «Prohibir que las personas jurídicas puedan adquirir vivienda no es una solución, es un disparate», señaló.
Finalmente, el portavoz de Vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, argumentó que la reforma propuesta por Ibáñez significaría «el fin» del parque inmobiliario, ya que las nuevas cláusulas acabarían de facto con la inversión en este sector. «Con los resultados en dos años de la Ley de Vivienda, lo cierto es que la única modificación que cabría esperar de esta ley es su supresión», concluyó.
