MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) – El Pleno del Congreso debatirá y votará el próximo martes, 25 de noviembre, una proposición de ley de Sumar que reforma la Ley de Vivienda de 2023 para prohibir que empresas, fundaciones, personas jurídicas o fondos de inversión puedan comprar casas en España.
El portavoz de Vivienda de Sumar y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, es quien ha auspiciado esta propuesta legislativa con el objetivo de «poner freno» a la especulación en el mercado de la vivienda, especialmente por parte de «socimis y fondos buitres». Ibáñez argumenta que todo el grupo plurinacional de Sumar considera «prioritario» y «urgente» presentar medidas que acaben con la especulación y el acaparamiento de vivienda «en unas pocas manos».
La propuesta de Sumar sostiene que el derecho de disfrute de la vivienda corresponde a las personas físicas, que son las que pueden usar y disfrutar de la experiencia de habitar una vivienda con todo lo que eso implica. En este sentido, el grupo parlamentario apunta que la propiedad de las viviendas o inmuebles residenciales en manos de personas jurídicas no responde al derecho de uso y disfrute de la experiencia vital, sino a la concepción de la vivienda como un bien de inversión para obtener beneficios económicos.
Por ello, los plurinacionales defienden una reforma de la Ley de Vivienda para evitar la «especulación» en el ámbito inmobiliario y limitar el derecho de transmisión de propiedad tanto a título oneroso como gratuito de viviendas a las personas físicas, reservando a las jurídicas el derecho de propiedad de aquellos inmuebles que no tengan carácter residencial, sino que estén vinculados a actividades económicas de carácter primario, secundario o terciario.
SUMAR DICE QUE LA PROPUESTA ES CONSTITUCIONAL
«Esta propuesta lo que busca es poner freno a la especulación y es una propuesta sencilla, con encaje constitucional, con encaje en el derecho europeo», aseguró Ibáñez cuando presentó la iniciativa en abril de este año. Asimismo, el diputado se mostraba confiado en que la propuesta contaría con «mayoría parlamentaria» suficiente para ser admitida a trámite, pues la calificó de «conservadora».
Aunque le gustaría «ir más allá» y debatir sobre cuántas casas puede tener una persona, el portavoz admitió que en el Parlamento «no hay consenso» sobre esta cuestión. Sin embargo, sí hay una mayoría «desde la extrema derecha hasta la izquierda parlamentaria» que desea poner freno a la especulación que hacen las empresas o los fondos de inversión con la vivienda.
«Estoy convencido de que el PNV y Junts se sienten cómodos diciendo adiós a los fondos buitres y, por tanto, creo que puede gozar de esa mayoría parlamentaria», concluyó Alberto Ibáñez.
