Detenidos el presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería por presuntos contratos irregulares
La Guardia Civil ha detenido al presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García, así como al vicepresidente de la institución, Fernando Giménez, y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP), debido a su implicación en supuestas contrataciones irregulares dentro de la investigación judicial del caso ‘Mascarillas’.
Fuentes de la investigación han confirmado que los arrestos fueron llevados a cabo por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), bajo la coordinación del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, que está a cargo de las diligencias.
Tanto Giménez como Sánchez ya estaban siendo investigados en relación a esta causa, que busca determinar si se produjeron ‘mordidas’ en la contratación de suministro de material sanitario, durante la fase más crítica de la pandemia. Este material incluía principalmente mascarillas, además de guantes y equipos de protección individual (EPI).
Registros en el Palacio Provincial
Los agentes accedieron al Palacio Provincial a primera hora del martes, alrededor de las 8:00 horas, para realizar un registro exhaustivo en los despachos de Presidencia y en varios ordenadores, conforme a lo estipulado en el auto judicial emitido por la instructora, María Belén López, quien ha solicitado expedientes relacionados con dichas contrataciones. Asimismo, se esperan registros en domicilios particulares a lo largo del día.
La investigación persigue esclarecer el posible cobro de comisiones ilegales mediante la adjudicación de un contrato de material sanitario por valor de 2.036.186,24 euros, llevado a cabo mediante un procedimiento de urgencia en abril de 2020. Este contrato, sin embargo, tuvo un costo efectivo al proveedor que no superó el millón de euros, lo que ha generado indicios de posibles ‘mordidas’.
En el marco de esta investigación judicial, el PSOE solicitó en octubre a la juez instructora que llamara a declarar como testigo al presidente de la Diputación y también presidente del PP almeriense, al considerar que había una «falta de concordancia» entre las declaraciones ofrecidas por testigos y las de los investigados, basándose en las investigaciones policiales.
Caso abierto en junio de 2021
Este caso, que hasta ahora mantiene a 14 personas y a siete empresas bajo investigación judicial, estalló en junio de 2021, cuando la UCO llevó a cabo un registro en las instalaciones del Área de Fomento. En ese momento, el exdiputado provincial Óscar Liria estaba al frente de dicha área, y fue arrestado, siendo enviado a prisión preventiva durante varios meses.
Durante ese registro, se entregó el expediente de contratación del material sanitario firmado con Azor Corporate Ibérica, así como otros 16 expedientes relacionados con obras adjudicadas a la empresa Pulconar, cuyo administrador, Kilian L.S, también es investigado por su conexión con Liria y su función de intermediario entre la Diputación y la empresa suministradora.
El contrato en cuestión contemplaba la adquisición de 500.000 mascarillas, además de monos de protección y guantes de nitrilo, mediante un decreto firmado el 8 de abril de 2020 por un importe superior a dos millones de euros a través de un expediente que se gestionó desde Presidencia. Liria fue quien propuso el nombre de Azor para formalizar dicho contrato.
