El vicepresidente primero del Congreso, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha recalcado que la Mesa de la Cámara no prevé cambiar sus normas para expulsar al exministro socialista José Luis Ábalos, como sugirió el magistrado Leopoldo Puente, encargado del ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo. Gómez de Celis animó al juez a presentarse a unas elecciones para intentar buscar mayorías que le permitan modificar el Reglamento.
La posición del juez y la reacción del Congreso
En su auto, Puente planteó cambios en las normas de la Cámara Baja ante el «estupor» de que Ábalos pueda seguir ocupando su escaño pese a los «consistentes indicios» de que ha cometido «muy graves delitos». Esta opinión ha causado malestar en el bloque socialista de la Mesa del Congreso, que entiende que el juez se extralimita en sus sugerencias e invade el terreno político.
Gómez de Celis argumentó que «cualquier ciudadano» tiene derecho a opinar sobre «lo que se puede hacer y no hacer en el ámbito del Congreso», incluyendo la legislación.
Los cambios los deciden las mayorías del Parlamento, no un juez
El vicepresidente primero subrayó que existe otra manera de abordar este asunto, la cual es «presentarse a unas elecciones». «Se presenta a unas elecciones, participa en el debate político, propone los cambios legislativos que crea oportuno y, a partir de ahí, las mayorías parlamentarias son las que deciden», manifestó.
Además, Puente advirtió que el derecho constitucional a la presunción de inocencia no debería ser un «obstáculo» para articular algún mecanismo legal que impidiera que Ábalos mantuviera su acta de diputado. Recordó que el Reglamento del Congreso prevé la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios si se decreta prisión preventiva, pero esto requiere un auto de procesamiento firme, lo que aún no se ha producido en el caso del exministro socialista.
El juez sugirió que el Congreso modifique sus normas, indicando que no entiende que un diputado con tantos «indicios consistentes» de haber cometido «delitos muy graves» pueda seguir teniendo un escaño. Sin embargo, el vicepresidente primero descartó que la Mesa del Congreso contemple cambiar el Reglamento para tal fin, sentenciando: «No lo contemplamos».
La competencia de la Cámara y las normas vigentes
La sugerencia del juez Puente ha provocado malestar entre los socialistas en la Mesa del Congreso, quienes recalcan que la modificación de las normas no es competencia del Poder Judicial, sino de la propia Cámara, insistiendo en que el magistrado debe actuar con las normas vigentes. Además, hicieron hincapié en que un posible cambio legal no podría ser aplicado de forma retroactiva al exministro.
Desde el Congreso también recordaron al instructor del ‘caso Koldo’ que el artículo 14.1 del Reglamento obliga al Supremo a comunicarle los autos que afecten a Ábalos, y que no ha comunicado ninguna de sus decisiones recientes.
Se había decidido que, si el juez hubiese procesado a Ábalos, sus derechos parlamentarios, incluyendo el cobro de retribuciones y su participación en votaciones, habrían quedado automáticamente suspendidos. Según interpretan los letrados, en los procedimientos abreviados, como el que instruye el juez Puente, no existe un «auto de procesamiento firme» como se menciona en el reglamento.
