Sumar defenderá esta semana una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que plantea la incorporación al parque público de vivienda de aquellos hogares amenazados con desahucio, así como «explorar la posibilidad» de expropiar pisos vacíos de entidades bancarias y fondos de inversión. Esta iniciativa será discutida en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana, en un contexto marcado por la crisis de la vivienda en España, que se ha convertido en uno de los principales conflictos sociales debido a la escasez de casas asequibles y la disparidad entre salarios y precios en el mercado inmobiliario.
La situación actual del mercado de la vivienda
La coalición, que incluye a varios partidos, subraya que la acaparación de viviendas por parte de fondos de inversión y corporaciones inmobiliarias agrava la problemática, especialmente en un país donde la tasa de viviendas destinadas al alquiler social es muy baja. Según Sumar, en España existen 320.000 viviendas públicas de carácter social y asequible, lo que contrasta con la cifra necesaria de alrededor de 1.800.000 para alcanzar el promedio europeo.
Propuestas para mejorar el acceso a la vivienda
Con el objetivo de hacer crecer el parque público de vivienda, Sumar ha lanzado una serie de propuestas. Entre ellas, la coalición solicita que el Gobierno alcance un 10% de vivienda pública social y asequible en 2027 y un 20% en 2035, así como dedicar al menos el 2% del PIB a políticas públicas de vivienda hasta el año 2035. Este esfuerzo pretende cuadruplicar el porcentaje actual de viviendas públicas.
Acciones concretas para erradicar los desahucios
Sumar también propone estrategias para «erradicar los desahucios». Una de las medidas consiste en incorporar viviendas amenazadas de desahucio al parque público de pisos en régimen de alquiler, garantizando que la renta no supere el 30% de los ingresos del hogar. Para los casos de vulnerabilidad, se plantean opciones como asegurar una renta mínima o establecer moratorias.
Además, se sugiere dotar la correspondiente partida presupuestaria a través de la empresa estatal de vivienda y se pide al Gobierno que presente un proyecto de ley que garantice el cumplimiento de la función social de la propiedad, especialmente en suelos urbanos y urbanizables destinados a uso residencial.
Otra propuesta incluye un programa para adquirir viviendas privadas mediante el derecho de tanteo y retracto, facilitando así el acceso a más viviendas para el parque público.
Construcción de viviendas públicas
Sumar también aboga por la construcción anual de 150.000 viviendas públicas sociales y asequibles, una iniciativa que requiere que se materialice el traspaso al SEPES de activos de suelo y viviendas de la Sareb con la máxima celeridad. Por último, se insiste en la necesidad de que la gestión de las viviendas del parque público sea exclusiva y directamente llevada a cabo por administraciones públicas, garantizando que su uso sea como vivienda y no como fuente de rentas.
