MADRID, 25 de mayo – El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha denunciado que la inversión pública en sanidad en relación con el PIB continúa cayendo «cuesta abajo y sin frenos» en España, a la par que emergen nuevas amenazas para la salud pública, como el hantavirus, y que la precariedad laboral se ha vuelto endémica en todos los servicios de salud.
El sindicato subraya que, según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad, en el informe ‘Estadística de Gasto Sanitario Público’, el aumento de inversión pública tras la pandemia de COVID-19 fue un «espejismo» que se ha ido desvaneciendo en los años posteriores. En concreto, el gasto sanitario público ha disminuido del 7,4% del PIB en 2020 al 6,4% en 2024 (último año disponible), es decir, un punto menos. Además, denuncia que los datos estadísticos oficiales se publican siempre con retraso, uno o dos años después, lo que «imposibilita hacer un análisis de la realidad actual».
SATSE ha estado advirtiendo durante muchos años que este porcentaje está «muy por detrás» del que existe en otros países europeos. Por ejemplo, en Francia se sitúa cerca del 10% (9,5%) y en Alemania alcanza el 10,1% del PIB. En este sentido, la organización sindical ha enfatizado que el porcentaje español es «insuficiente e inadecuado» para sostener un sistema sanitario que, como ha quedado claro con la reciente crisis del hantavirus, se encuentra en «permanente estado de alerta» ante riesgos para la salud humana que pueden tener consecuencias imprevisibles y complejas.
Profesionales sobrecargados, precarizados y desmotivados
Aun así, SATSE apunta que, seis años después, «lo único cierto» es que la economía ha crecido y el costo de la vida también, mientras que el sistema sanitario público «sigue malviviendo gracias al trabajo de profesionales sobrecargados, precarizados y desmotivados».
Como ejemplo, el sindicato ha recordado que uno de los compromisos adquiridos, que aún no se ha cumplido, es la creación de una Agencia Estatal de Salud Pública para mejorar la coordinación entre administraciones en vigilancia epidemiológica y preparación ante crisis y emergencias sanitarias, además de reforzar el asesoramiento científico y técnico necesario en estas situaciones.
Ante esta realidad, SATSE exige un incremento «progresivo y constante de la inversión pública» que permita alcanzar, al menos, el porcentaje que otros países ya destinan a sanidad, priorizando además la mejora de las condiciones laborales del personal sanitario, en particular de enfermeras y fisioterapeutas. La última estadística presentada por Sanidad, con datos de 2024, también pone de manifiesto las desigualdades existentes entre comunidades autónomas en la asignación de recursos públicos a sus respectivos servicios de salud. Al respecto, SATSE critica que residir en una comunidad autónoma pueda conllevar «recibir una atención sanitaria peor que en otra».
Por lo tanto, el sindicato ha resaltado la necesidad de implementar un nuevo modelo de financiación finalista que elimine las diferencias presupuestarias entre comunidades autónomas. «Es fundamental garantizar la igualdad en la atención sanitaria, independientemente del lugar de residencia, así como establecer un marco equilibrado, equitativo y justo de condiciones laborales en todas las comunidades», afirman desde la organización sindical.
Finalmente, SATSE ha insistido en que los gestores públicos y responsables políticos no deben recordar la sanidad solo en momentos de crisis o cuando se agravan problemas ya crónicos, como el aumento de las listas de espera o el colapso en los centros sanitarios. Han concluido que se deben “apostar por políticas a medio y largo plazo que aseguren una inversión en salud adecuada, responsable y coherente”.
