La solicitud de las autoridades de la provincia Nor Lípez, ubicada en la región andina de Potosí, se presenta en un proyecto de ley que busca determinar cuáles serán las expectativas de las comunidades locales en los próximos diez años, según informó Iván Calcina, secretario general de la Central Única Provincial de Comunidades Originarias.
«Los puntos más importantes para nosotros son la consulta previa libre e informada, y el estudio del impacto al medioambiente, ya que en las anteriores leyes no se estipulaba o estaba en líneas generales», precisó.
Comunidades afectadas alrededor del salar de Uyuni
Según Calcina, hay 14 comunidades que se encuentran en los alrededores del salar de Uyuni, que alberga las reservas de litio, y que en posibles proyectos de explotación e industrialización del recurso sufrirían directamente la escasez de agua y otros problemas ambientales.
«Para las comunidades que viven alrededor del salar, esta es su principal preocupación; quieren conocer un estudio hidrológico porque es crucial, no solo para la región, sino para todos los bolivianos», afirmó Calcina.
La inquietud de estas comunidades indígenas nace de los contratos firmados por el Gobierno de Luis Arce (2020-2025) con empresas de China y Rusia para la industrialización del litio mediante la tecnología de extracción directa (EDL), proyectos que carecían de estudios de impacto ambiental.
Contratos con empresas de China y Rusia bajo crítica
Las inversiones previstas con las firmas extranjeras habrían alcanzado los 2.006 millones de dólares, pero quedaron en suspenso debido a serias observaciones a dos contratos.
Durante la firma de esos documentos, no se realizó la consulta previa a los pueblos indígenas afectados por los proyectos, como lo exigen las normativas bolivianas.
Expertos en energía coincidieron en que los proyectos de las empresas china y rusa «no tienen bases sólidas sobre el impacto ambiental», lo que podría generar «grandes impactos para las comunidades».
El papel del litio en la economía boliviana
Durante la administración de Arce, se estimó que las reservas de litio en los salares bolivianos ascienden a 23 millones de toneladas, la mayoría en Uyuni, que se extiende por 10.000 kilómetros cuadrados y es uno de los principales atractivos turísticos de Bolivia.
En diciembre de 2023 se inauguró allí un complejo industrial estatal con una capacidad de producción de 15.000 toneladas anuales de carbonato de litio, pero operó con menos del 20 % de su capacidad y presentó defectos de diseño.
Aunque el proyecto fue iniciado por el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), Arce anunció en 2023 el inicio de «la era del litio» con la puesta en marcha de la planta industrial, aunque en los años posteriores no logró alcanzar los objetivos esperados.
Expectativas y tensiones con el nuevo Gobierno
El presidente Rodrigo Paz, quien tomó posesión el 8 de noviembre, denunció que durante las gestiones de Morales y Arce se «robó el litio» debido a la falta de resultados en la explotación e industrialización, y anunció que su Gobierno trabajará en este ámbito para ofrecer soluciones reales.
Su preocupación se origina en los contratos firmados durante la administración anterior con empresas chinas y rusas para implementar tecnología de extracción directa de litio sin los adecuados estudios ambientales ni las consultas legalmente requeridas.
Estos acuerdos, valorados en más de dos mil millones de dólares, fueron posteriormente suspendidos en medio de críticas. Bolivia recalca que las reservas de litio ascienden a 23 millones de toneladas, principalmente en Uyuni, donde se inauguró una planta estatal en 2023 que ha operado por debajo de su capacidad por problemas de diseño.
