El Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) han presentado propuestas que buscan modificar la regulación de las fundaciones vinculadas a partidos políticos en España. La intención es que aquellas que no hayan tenido actividad durante varios años no puedan recibir subvenciones públicas, ni tampoco aquellas que no estén inscritas en la sección correspondiente del Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior.
Estas propuestas surgen a raíz del informe del Tribunal de Cuentas sobre las aportaciones y gastos de estas fundaciones durante los ejercicios de 2021 y 2022, y serán debatidas en la próxima reunión de la Comisión Mixta para las relaciones con el órgano fiscalizador. Según las recomendaciones del Tribunal presidido por Enriqueta Chicano, ambos partidos coinciden en la necesidad de disolver fundaciones inactivas, aunque difieren en los plazos y condiciones.
Mientras que el PP demanda que se disuelvan las fundaciones que acumulen cuatro años consecutivos sin actividad, el PSOE opta por un lenguaje más flexible, hablando de extinguimiento de aquellas que permanezcan inactivas de manera continuada durante varios ejercicios y sin previsión de reactivación. Además, el PP sugiere que, antes de finalizar el año, se disuelvan aquellas con un patrimonio neto que sea inferior a la mitad de su capital social.
En cuanto al acceso a subvenciones, el PSOE plantea que los ministerios incluyan como requisito de las convocatorias la inscripción de las fundaciones en el registro correspondiente, mientras que el PP exige que se obligue esta inscripción para poder acceder a ayudas públicas.
No dar ayudas sin auditorías externas
El PP también considera necesario que se establezca una auditoría externa anual como requisito para recibir ayudas públicas, pero el PSOE sugiere que esta obligación se limite a las fundaciones con ingresos mínimos de 100.000 euros, sin vincularla directamente a la obtención de subvenciones. Las iniciativas del PP incluyen regular las cuantías mínimas para que estas entidades informen al Tribunal de Cuentas sobre las donaciones de personas jurídicas en un plazo de tres meses desde su aceptación, así como la apertura de cuentas bancarias específicas para recibir las ayudas.
Por otro lado, el partido Vox ha manifestado su intención de que el Gobierno «cancele todo tipo de subvenciones» a las fundaciones que no respeten la unidad de España o que tengan el objetivo de «destruirla». Vox también pide que se exija un reequilibrio patrimonial para acceder a las subvenciones.
Estas propuestas reflejan una creciente preocupación entre los partidos políticos por la gestión y transparencia de las fundaciones asociadas, en un contexto en el que la utilización de fondos públicos es objeto de especial escrutinio.
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