El informe reciente subraya que la cifra de financiamiento necesaria para la adaptación climática es doce veces mayor que los flujos actuales de financiamiento internacional. A medida que el reloj climático avanza, la adaptación global corre el riesgo de quedarse muy por detrás de lo que realmente se necesita, según indica el estudio.
Publicado en vísperas de las negociaciones de la COP30 en Belém, Brasil, que se celebrará a partir del 10 de noviembre, el estudio revela que, a pesar de los avances en la planificación y aplicación de políticas de adaptación, el financiamiento sigue muy por detrás de las necesidades. Si se mantienen las tendencias actuales, la meta del Pacto Climático de Glasgow de duplicar el financiamiento internacional para adaptación hasta unos 40.000 millones de dólares en 2025 no se logrará.
Los impactos climáticos se aceleran y no hay tiempo que perder
“Los impactos climáticos se están acelerando. Sin embargo, el financiamiento para la adaptación no mantiene el ritmo, dejando a los más vulnerables expuestos a mares en ascenso, tormentas mortales y olas de calor insoportables”, subrayó el Secretario General de la ONU, António Guterres. Agregó que la adaptación “no es un gasto: es un salvavidas. Cerrar la brecha de adaptación es proteger vidas y garantizar justicia climática”.
El informe también estima que los países en desarrollo requerirán entre 310.000 y 365.000 millones de dólares anuales en 2035. En contraste, los flujos actuales de financiamiento internacional para adaptación se situaron en apenas 26.000 millones de dólares en 2023, lo que representa una disminución respecto a los 28.000 millones del año anterior.
La directora ejecutiva del PNUMA afirmó que los efectos del cambio climático ya son palpables en todo el planeta: incendios, sequías, inundaciones, desertificación y costos crecientes.
“Necesitamos un impulso global para aumentar el financiamiento para la adaptación, tanto pública como privada, sin agravar la deuda de las naciones vulnerables. Si no invertimos ahora, pagaremos costos crecientes cada año”, dijo Inger Andersen.
Avances irregulares y difíciles de evaluar
Según datos del PNUMA, un total de 172 países cuentan ya con al menos una política, estrategia o plan nacional de adaptación. Sin embargo, 36 de ellos no han actualizado sus instrumentos en más de una década, lo que podría derivar en medidas ineficaces o incluso contraproducentes.
En los Informes Bienales de Transparencia del Acuerdo de París, los países reportaron más de 1.600 medidas de adaptación implementadas, principalmente en biodiversidad, agricultura, agua e infraestructura. Sin embargo, son pocas las naciones que informan sobre los resultados e impactos reales de esas provisiones, lo que dificulta evaluar su eficacia.
Los fondos multilaterales de adaptación, como el Fondo de Adaptación, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Fondo Verde para el Clima, incrementaron su apoyo hasta 920.000 millones de dólares en 2024, un aumento del 86 % respecto al promedio quinquenal previo. Sin embargo, el informe considera que podría tratarse de un repunte temporal, dada la creciente presión fiscal global.
El desafío del financiamiento para frenar el cambio climático
La Nueva Meta Colectiva Cuantificada acordada en la COP29 establece que los países desarrollados deben aportar al menos 300.000 millones de dólares anuales al financiamiento climático para 2035. Aun así, el PNUMA afirma que esa cifra es insuficiente.
El “Camino de Bakú a Belém”, que busca movilizar 1,3 billones de dólares para 2035, podría ser clave, pero debe evitar que la deuda de los países vulnerables se agrave. El informe enfatiza la necesidad de subvenciones y financiamiento concesional para no aumentar la carga financiera de las naciones en desarrollo.
El papel del sector privado
El PNUMA destaca que el sector privado también debe ser parte de la solución, y cifra en 50.000 millones de dólares anuales el potencial realista de inversión privada en prioridades nacionales de adaptación. Actualmente, esas inversiones alcanzan apenas 5.000 millones de dólares.
El informe señala que lograr esa meta de inversión privada requerirá políticas específicas y esquemas de financiamiento mixto que reduzcan los riesgos e incentiven la participación empresarial.
